El Gobierno nacional oficializó una resolución que elimina una serie de restricciones para el registro de patentes vinculadas a la biotecnología. La decisión fue publicada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y forma parte del proceso de desregulación impulsado por la administración de Javier Milei.

La normativa deja sin efecto criterios de examen que limitaban la patentabilidad de determinadas invenciones biotecnológicas, con el objetivo de adecuar el sistema argentino a estándares internacionales y otorgar mayor seguridad jurídica a investigadores, universidades y empresas del sector.

Según explicó el Ejecutivo, la resolución busca fomentar la investigación, el desarrollo y la inversión en áreas estratégicas como la biotecnología, al facilitar la protección de las innovaciones y reducir obstáculos administrativos que, a juicio del Gobierno, desalentaban la generación de nuevas tecnologías.

Desde el oficialismo sostienen que los lineamientos derogados restringían el alcance de la legislación vigente sobre patentes y generaban incertidumbre para quienes desarrollan innovaciones en el ámbito biotecnológico. Con este cambio, el examen de las solicitudes deberá ajustarse a lo establecido por la Ley de Patentes y los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.

La medida fue bien recibida por sectores vinculados a la innovación y la propiedad intelectual, que desde hace años reclamaban una actualización del sistema vigente desde 2015. Los argumentos estaban dirigidos hacia los criterios para las exclusiones de patentabilidad sobre plantas, animales y sus componentes, que limitaban la protección de determinados desarrollos tecnológicos. 

No obstante, organizaciones especializadas en salud pública y acceso a medicamentos han advertido en otras oportunidades que una ampliación de la protección de patentes podría impactar en la disponibilidad de algunos tratamientos y tecnologías, un debate que continúa abierto.

La resolución se enmarca en la política de desregulación que impulsa el Gobierno nacional en distintos sectores de la economía, con el objetivo de simplificar normas, reducir cargas burocráticas y promover la inversión privada.

Con esta modificación, el Ejecutivo apuesta a fortalecer el desarrollo científico y tecnológico del país mediante un marco regulatorio que, según sostiene, ofrece mayores incentivos para la investigación y la innovación en el sector.