La causa por el hundimiento del ARA San Juan avanzó este martes con los alegatos de las querellas, que solicitaron cinco años de prisión efectiva para los cuatro ex oficiales de la Armada acusados de responsabilidades en la tragedia que provocó la muerte de los 44 tripulantes del submarino en noviembre de 2017.

Según informó La Nación, ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de 34 familias de las víctimas, reclamaron la misma pena para el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide, el capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa. Además, pidieron diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Durante el alegato, las querellantes sostuvieron que los acusados incumplieron los deberes inherentes a sus cargos y permitieron que el submarino zarpara pese a las deficiencias técnicas que presentaba. Uno de los pasajes centrales de la audiencia estuvo a cargo de Carreras, quien calificó el caso como la "crónica de una muerte anunciada". También retomó los testimonios brindados por familiares durante el juicio para cuestionar el estado operativo de la nave.

Otro de los ejes del alegato estuvo centrado en la actuación de Hugo Correa durante la madrugada del 15 de noviembre de 2017, cuando el ARA San Juan informó el ingreso de agua al tanque de baterías. Para la querella, el entonces jefe de Comunicaciones no activó ninguna medida de emergencia pese a recibir ese aviso. Por su parte, Arias aseguró que los cuatro imputados conocían el estado del submarino y omitieron adoptar medidas para reducir los riesgos. Además, rechazó el planteo de las defensas, que distribuyen las responsabilidades entre distintos niveles de mando.

Como cierre, Arias leyó los nombres de los 44 tripulantes fallecidos y remarcó: "Este juicio no puede devolver a sus hijos, a sus hermanos, a sus maridos, a sus padres. Pero sí puede establecer algo indispensable en un Estado de derecho: que la vida de quienes sirven bajo mandos militares no es descartable, y que los deberes existen para cumplirse, y no para archivarse". Tras el alegato, el tribunal continuó la audiencia con la exposición del querellante Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan y representante de otro grupo de familiares.