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Fiscales federales y agentes del FBI analizan el movimiento de fondos y contratos comerciales de la entidad que preside Claudio Tapia. El expediente pone bajo la lupa a una empresa vinculada al manejo de ingresos internacionales.

La Justicia de Estados Unidos comenzó a investigar las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con fiscales federales y agentes del FBI abocados a recopilar testimonios y documentación sobre el movimiento de fondos y los contratos comerciales de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
La investigación está encabezada por los fiscales Gushue, Ting y Berger, especializados en delitos económicos, y tiene como eje el rol de la empresa TourProdEnter LLC en la administración de recursos vinculados a acuerdos comerciales internacionales de la AFA. Buscan determinar si la compañía, vinculada al empresario Javier Faroni, funcionó como intermediaria para el cobro de contratos firmados por la asociación con patrocinadores y otras firmas, además de reconstruir el recorrido de los fondos dentro del sistema financiero estadounidense.
En ese marco, acordaron avanzar con la citación del empresario Guillermo Tofoni, quien había denunciado la estructura utilizada para manejar esos contratos. También analizan convocar a ex funcionarios del Gobierno de Javier Milei que pudieron haber tenido acceso a información sobre las operaciones de la AFA.
Según la documentación reunida hasta el momento, TourProdEnter LLC habría movilizado al menos 260 millones de dólares a través de cuentas abiertas en cinco bancos estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. A su vez, la firma habría destinado otros 57 millones de dólares a distintas sociedades cuyo origen de fondos permanece bajo análisis.
La causa tiene como antecedente una alerta enviada en septiembre de 2024 por el Ministerio de Seguridad argentino, entonces encabezado por Patricia Bullrich, a autoridades estadounidenses sobre movimientos financieros considerados sospechosos vinculados a la AFA. En ese momento, el FBI había evaluado que no existían pruebas suficientes para iniciar una investigación penal, aunque el escenario cambió entre fines del año pasado y comienzos de 2026.

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