La joven de 27 años fue atacada dentro de su vivienda. Sus tres hijos estaban en el lugar y el acusado fue detenido horas después.
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La Cámara de Apelaciones de Washington dictó un fallo en contra de la República Argentina y confirmó la validez de la condena financiera impulsada por el fondo Titan Consortium. De este modo, la Justicia estadounidense ratificó que el Estado argentino deberá desembolsar una cifra superior a los US$ 390 millones para saldar el diferendo originado por la estatización de la compañía aérea de bandera.
El conflicto se remonta al año 2008, cuando la gestión de Cristina Kirchner dispuso la expropiación de la empresa. En 2017, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emitió un primer laudo adverso para el país en favor del grupo español Marsans. Posteriormente, el estudio Burford Capital adquirió los derechos del litigio y, tras obtener una sentencia firme en 2019, vendió el reclamo a Titan Consortium por US$ 107 millones.
La confirmación del fallo en los tribunales de Washington no solo consolida la deuda por la expropiación aerocomercial, sino que destraba otros frentes judiciales vinculados a la Argentina. Al analizar el alcance de la resolución, el director de Latam Advisors, Sebastián Maril, precisó: "Esta decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas".
Durante el año 2024, las partes habían avanzado en la negociación de un entendimiento para acordar las condiciones de pago, la reestructuración del monto acumulado y la liquidación de los intereses. Sin embargo, el Gobierno argentino modificó su estrategia de defensa en los tribunales norteamericanos y desistió de caucionar la sentencia, lo que frustró el cierre del acuerdo extrajudicial.
Ante la falta de respaldo o depósito de garantías por parte del Estado nacional, Titan Consortium inició formalmente las actuaciones procesales para ejecutar la sentencia definitiva. Con la ratificación judicial en la Cámara de Apelaciones, el fondo de inversión mantendrá el dictamen expedito para avanzar con los pedidos de embargo sobre diversos activos soberanos de la Argentina en el exterior.
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