El Parlamento de Francia aprobó una ley que prohíbe a los menores de 15 años acceder a redes sociales. 

Este martes, el Senado y la Asamblea Nacional respaldaron la iniciativa tras una ronda de negociaciones el lunes. La medida fue impulsada por el presidente Emmanuel Macron y sigue una tendencia global que busca regular el acceso de niños, niñas y adolescentes a las plataformas digitales.

Así, Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en formalizar una medida de este tipo. En el resto del mundo, Australia ya cuenta con una restricción similar que impide a menores de 16 años el acceso a plataformas como Facebook, Snapchat, Tik Tok y YouTube.

La nueva legislación establece que a partir del 1° de septiembre, los menores de 15 años no podrán abrir cuentas en redes sociales y obliga a las plataformas a implementar un sistema de verificación de edad validado por el regulador francés de protección de datos. Además, les da cuatro meses a las plataformas para cerrar las cuentas ya existentes.

El mandatario busca que la norma esté completamente vigente al inicio del próximo año escolar, aunque una revisión constitucional podría retrasar su aplicación.

Según datos del organismo de vigilancia sanitaria de Francia, uno de cada dos adolescentes pasa entre dos y cinco horas diarias frente a un smartphone. Un estudio concluyó que el 90% de los niños y niñas de entre 12 y 17 años accede a Internet desde estos dispositivos y el 58% los utiliza específicamente para redes sociales.

El mismo análisis identificó una serie de efectos adversos vinculados a este uso, como baja autoestima y exposición a contenido vinculado con autolesión y consumo de drogas.

Con todo, la iniciativa también provocó rechazos. El partido La Francia insumisa cuestionó su constitucionalidad, al afirmar que pondrá fin al anonimato en Internet, que su ejecución resultaría inviable.

Las empresas también se opusieron a esta norma, aunque aclararon que acatarán las prohibiciones. La Comisión Europea, que avanza en su propio marco regulatorio para el entorno digital, tendrá voz en la determinación de si la legislación francesa se ajusta al derecho comunitario vigente.