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Sin el capítulo de extranjerización de la tierra ni el del manejo del fuego, el Gobierno consiguió la media sanción del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones.
La media sanción en general salió con 37 votos a favor -y 33 en contra- que fueron aportados por los senadores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR; los senadores provinciales de Misiones, Chubut y Neuquén; y un legislador de Provincias Unidas. El oficialismo recuperó el apoyo de los dialoguistas tras retirar del texto los capítulos que facilitaban la venta de terrenos a capitales extranjeros y los artículos sobre la Ley del Manejo del Fuego.
La ley vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias. El Gobierno busca flexibilizar ese régimen al considerar que castiga a los propietarios de los inmuebles incendiados.
La Cámara alta reanudó ayer el tratamiento de una versión recortada de la iniciativa, luego de que el oficialismo eliminó el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales ante la resistencia de gobernadores y bloques aliados.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, dijo: "El espíritu del proyecto es simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales y garantizar el principio del artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege la propiedad privada".
Coto explicó que la reforma propone que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, en lugar del procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los plazos judiciales.
Respecto de la Ley de Manejo del Fuego, sostuvo que las modificaciones buscan evitar que el propietario de un inmueble incendiado "sea doblemente castigado" por las restricciones impuestas por la normativa actual.
En representación del bloque justicialista, el senador pampeano Daniel Bensusán calificó el proyecto como "un nuevo mamarracho" del Gobierno de Javier Milei y aseguró que la iniciativa apunta a "entregar la soberanía argentina a potencias extranjeras".
Además, cuestionó el trámite parlamentario al denunciar que los senadores recibieron el nuevo dictamen "apenas una hora antes del inicio de la reunión, en un archivo sin membrete, sin firma y con decenas de modificaciones".
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