El juez del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), Jorge Gorini, defendió la sentencia contra la expresidenta Cristina Kirchner en la "Causa Vialidad". El magistrado afirmó que el juicio respetó el debido proceso de manera absoluta y que el caso constituye un punto de inflexión histórico para el Poder Judicial por su magnitud en materia de corrupción.

Con relación a la denuncia de proscripción por parte de la exmandataria, Gorini rechazó esa figura. Explicó que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es una consecuencia legal contemplada en el Código Penal desde 1921. Asimismo, cuestionó la presentación de la defensa ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según el juez, ese reclamo internacional presenta serios defectos de procedencia y admisibilidad, ya que cualquier cuestionamiento constitucional debió plantearse previamente en los tribunales argentinos, un paso que la defensa omitió. Para el magistrado, la única vía jurídica para modificar esta sanción requiere que el Congreso sancione una ley que derogue la pena para luego promover una revisión judicial.

El magistrado también descartó que la condena tenga vínculos con el género de la acusada o un supuesto "machismo estructural". Para desmentir esto, destacó la presencia de dos abogadas designadas por el Colegio Público de la Abogacía que supervisaron la totalidad del proceso sin formular objeciones. Sobre las garantías constitucionales, reiteró que se cumplieron las etapas indispensables de acusación, prueba, defensa y sentencia, con la posterior revisión de la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia. Frente a los críticos del proceso, Gorini sugirió que quienes realizan estas acusaciones no presenciaron el debate oral ni leyeron el expediente.

Respecto a los años de condena, el juez consideró que los seis años de prisión dictados por administración fraudulenta suenan insuficientes frente a la magnitud de la maniobra comprobada. No obstante, ratificó su postura contraria a encuadrar los hechos bajo el delito de asociación ilícita, figura que también fue descartada por tribunales superiores. En cuanto al decomiso de los bienes para restituir el perjuicio al Estado, reconoció las dificultades técnicas del procedimiento por la cantidad de recursos pendientes, embargos y medidas cautelares previas, pero aseguró que la sociedad verá los resultados de esta acción.

Por otro lado, Gorini relató diversas situaciones de presiones y hostigamiento personal. Mencionó accesos ilegítimos a sus datos biométricos en el Renaper, sustracción de declaraciones juradas, una amenaza de bomba en su domicilio y episodios de seguimiento a su familia. Además, propuso un debate parlamentario para revisar el régimen de prisión domiciliaria de la Ley de Ejecución Penal para evitar la desnaturalización de la pena, aunque aclaró que su propuesta excede el caso particular de la ex vicepresidenta.

Finalmente, el juez, designado en su cargo por la propia Cristina Kirchner en 2011, evaluó que el juzgamiento de altos funcionarios demuestra una buena salud democrática en el país. Admitió la mala imagen del Poder Judicial ante la sociedad y pidió reconciliar a la Justicia con la ciudadanía a través de un mayor conocimiento de los tiempos formales de los procesos, a diferencia de la inmediatez mediática. A su vez, advirtió que las vacantes en los tribunales repercuten de forma negativa en el servicio de justicia y en los tiempos de resolución.