Un proyecto industrial para instalar 16 piscifactorías de salmón a cielo abierto en las islas Malvinas desató una profunda controversia entre los isleños. La propuesta pertenece a Unity Marine, una sociedad conformada por la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-Land ApS, y contempla la producción de 50.000 toneladas anuales de salmónidos, lo que representaría el mayor desarrollo costero en la historia del archipiélago, con un impacto estimado del 11% en su PBI y la generación de 133 puestos de trabajo.

Pese a las promesas económicas, la iniciativa reabrió una fuerte resistencia social y ambiental. Aunque las autoridades rechazaron el plan en 2022, la empresa logró un fallo judicial que anuló esa resolución por falta de consulta previa y ordenó abrir un proceso informativo público. En este escenario, en diálogo con The Guardian, el director general de Fortuna, James Wallace, defendió la investigación en curso: “Unity Marine no solicitó una licencia de operación, sino que concedió al gobierno de las Islas Malvinas el tiempo necesario para investigar la viabilidad del cultivo de salmón a escala comercial”.

Frente a la consulta oficial iniciada en agosto, la organización Salmon Free Falklands (SFF) exige formalmente la realización de un referéndum para que la población decida el futuro de la actividad. Sally Poncet, vocera del grupo ambientalista, declaró al mismo medio que "será entonces el pueblo quien decida qué sucede en su propio país". Los opositores advierten que los residuos de las granjas destruirán el ecosistema de algas y afectarán la zona de desove del calamar loligo, recurso pesquero vital para las islas.

Las objeciones también sumaron el respaldo de especialistas e instituciones internacionales. El jefe de asuntos legales de la Blue Marine Foundation, Tom Appleby, cuestionó la calidad de los documentos presentados: “Resulta extraordinario que el gobierno de las Islas Malvinas se encuentre en una situación en la que presente informes al público durante esta consulta que no utilizan datos primarios verificados de forma independiente; están plagados de aclaraciones sobre las fuentes de información, hasta el punto de carecer de sentido”.

En la misma línea, la consultora ambiental Louise Cherrie advirtió que “la capacidad de carga aún no se ha determinado mediante un proceso científico riguroso”, señalando además la falta de previsiones ante eventuales mortalidades masivas de peces. Por su parte, un vocero del gobierno isleño respondió que la administración “ni abogaba por la cría de salmón ni se oponía a ella”, asegurando que los estudios buscan únicamente evaluar distintos escenarios sin que esto constituya una aprobación técnica definitiva.

El debate por la salmonicultura se desarrolla en paralelo al reclamo histórico por la explotación unilateral de recursos naturales en áreas bajo disputa de soberanía, donde la Argentina denuncia periódicamente ante la ONU la concesión ilegítima de licencias pesqueras e hidrocarburíferas. Mientras la controversia técnica continúa en el archipiélago, la presión ciudadana encabezada por SFF podría convertirse en el principal freno a un emprendimiento duramente cuestionado por sus riesgos ecológicos.