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El ex presidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yáñez fueron denunciados penalmente tras revelarse la supuesta realización de festejos privados a bordo del avión presidencial Tango 01 durante la fase de aislamiento estricto por la pandemia de Covid-19. La presentación fue realizada por el abogado Barrios "contra quienes resulten responsables", a partir de la revelación de hechos ocurridos el 14 de julio y el 10 de agosto de 2020.
En el escrito, el letrado apunta formalmente a los "funcionarios públicos y, en su caso, particulares que hubieran prestado un aporte doloso, emplearon el antiguo avión presidencial T-01, entonces estacionado en instalaciones de El Palomar, y/o trabajos, servicios, personal, transporte, energía, equipamiento o fondos pagados por la Administración Pública Nacional para organizar o sostener encuentros de carácter privado".
Según los detalles expuestos en la denuncia, la celebración del 14 de julio de 2020 se habría realizado horas antes del polémico festejo de cumpleaños en la Quinta de Olivos. El operativo a bordo del Tango 01 habría requerido tres días de preparación, incluyendo la "provisión o traslado de escalera, conexión de un grupo electrógeno o equipo de potencia terrestre, energización de la cabina, heladeras, catering, torta, sushi o salmón, bebidas alcohólicas, música y afectación de personal de aviación".
Los principales señalados en la presentación son Yáñez, el ex presidente Fernández, quien habría dado la autorización logística, y Leonardo Barone, ex director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia. El documento añade que la actividad se habría financiado a través de fondos de la caja chica de la Secretaría General, y señala la existencia de un segundo encuentro el 10 de agosto del mismo año con allegados a la ex primera dama.
Finalmente, si bien se hizo mención a la existencia de imágenes y grabaciones de los hechos, el texto advierte que "esos archivos no fueron publicados con sus soportes nativos, metadatos, procedencia ni cadena de custodia". En ese sentido, el letrado concluyó que la acción busca "que los órganos competentes confirmen o descarten, mediante documentación estatal, registros técnicos, testigos y pericias independientes, la existencia de cada episodio, la respectiva cadena de órdenes, el empleo efectivo de recursos públicos, el conocimiento de su finalidad y la intervención individual de cada persona".
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