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El Gobierno de Donald Trump apunta a unos 200.000 extranjeros que ingresaron al país con permisos de turismo o negocios y luego solicitaron asilo. La medida, que alcanzaría a visas emitidas durante la última década, podría enfrentar cuestionamientos judiciales.
El Gobierno de Donald Trump endurece su política migratoria y prevé revocar miles de visas de turismo y negocios a personas que ingresaron al país como visitantes temporales y posteriormente solicitaron asilo. Serían cerca de 200.000 y, de concretarse, se trataría de la mayor revocación de este tipo de documentos en la historia del país.
La iniciativa está siendo preparada por el Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, y podría anunciarse durante las próximas semanas. La medida alcanzaría a las visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 cuyos titulares posteriormente iniciaron solicitudes de asilo para permanecer en Estados Unidos, según los documentos oficiales a los que accedió The Associated Press.
"Estamos coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero luego solicitan asilo para quedarse aquí de manera permanente", explicó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
Si bien el Gobierno evitaron confirmar el número definitivo de personas alcanzadas, Pigott señaló que la cantidad de revocaciones será "dinámica" y que el proceso se llevará adelante de manera gradual.
La revocación no implicaría automáticamente la deportación de quienes tengan solicitudes de asilo pendientes. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, esas personas podrían ser reclasificadas bajo otro estatus migratorio mientras se resuelve su situación, aunque perderían su condición de viajeros por turismo o negocios.
Las visas B1 están destinadas principalmente a viajes temporales por motivos comerciales o profesionales, mientras que las B2 permiten ingresar al país por turismo, visitas familiares o tratamientos médicos.
Actualmente, quienes tramitan estos permisos deben acreditar que su estadía será temporal, demostrar vínculos con su país de residencia y convencer a las autoridades migratorias de que tienen intención de regresar una vez terminado el viaje.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, defendió la ofensiva y apuntó contra quienes utilizan esos permisos para posteriormente iniciar pedidos de protección.
"La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de solicitudes de asilo falsas", escribió en X. "El asilo no debe ser una laguna para eludir la ley migratoria".
La iniciativa forma parte de una política más amplia impulsada por Trump desde el inicio de su segundo mandato. La administración estadounidense reforzó los controles para acceder a visas, amplió la revisión de redes sociales de los solicitantes, incorporó nuevas exigencias económicas y restringió la emisión de permisos para ciudadanos de determinados países.
Durante los últimos 18 meses, el Departamento de Estado ya revocó alrededor de 175.000 visas, aunque por motivos diferentes. Entre los afectados hubo personas acusadas o condenadas por distintos delitos y extranjeros cuestionados por el Gobierno por sus actividades dentro de Estados Unidos.
La Casa Blanca también endureció su posición frente al denominado "turismo de parto", utilizado por mujeres extranjeras que viajan al país para dar a luz y que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
Trump intentó avanzar sobre ese derecho, aunque sus iniciativas encontraron obstáculos en los tribunales.
La ofensiva migratoria también llegó a las visas laborales. El Gobierno volvió a impulsar una tasa superior a los u$s100.000 para empleadores que contraten trabajadores extranjeros mediante visas H-1B, utilizadas especialmente para incorporar profesionales especializados en tecnología, salud y otros sectores.
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