La Justicia de Río Negro dispuso un embargo preventivo por u$s29.970 contra la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, en el marco de una demanda vinculada con un emprendimiento inmobiliario en la localidad de Las Grutas.

La medida fue ordenada por el juez Cristian Tau Anzoátegui, titular de la Unidad Jurisdiccional N°5 de la III Circunscripción Judicial, luego de una presentación realizada por un particular de Bariloche que denunció un presunto incumplimiento relacionado con la entrega de un terreno en el desarrollo inmobiliario Tajamar.

Al tratarse de una medida cautelar dentro de un proceso civil, el embargo tiene carácter preventivo y busca resguardar el eventual resultado del juicio. Por lo tanto, no implica una sentencia ni una definición judicial sobre el fondo del reclamo.

El caso se suma a otros planteos judiciales relacionados con la comercialización de terrenos en Las Grutas. Compradores realizaron reclamos por presuntos inconvenientes con la entrega y escrituración de lotes, además de cuestionamientos sobre la infraestructura de los emprendimientos.

Los anteriores embargos contra Villaverde

No es la primera vez que Villaverde se ve envuelta en una medida cautelar por conflictos vinculados con sus negocios inmobiliarios. En diciembre de 2025, el juez civil de Bariloche Santiago Morán ordenó embargar parte de su dieta parlamentaria y el aguinaldo por alrededor de $40,5 millones.

En marzo de este año se conoció otro embargo preventivo por más de $31 millones, mientras que durante 2025 también se habían dispuesto medidas por montos cercanos a los $50 millones. En varios de esos expedientes se ordenó cautelarmente bloquear fondos bancarios de la legisladora mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

La diputada aseguró que no había sido notificada oficialmente, rechazo las acusaciones y sostuvo que los emprendimientos continúan en desarrollo.

"Vuelvo a enterarme primero por los medios", cuestionó Villaverde, quien insistió en que se trata de un proceso civil todavía abierto y que "no existe ninguna sentencia ni condena" en su contra.

Según explicó, el loteo involucrado tiene 257 parcelas y las obras continúan en ejecución. La legisladora sostuvo que existen más de 200 propietarios y atribuyó los reclamos judiciales a un grupo reducido de compradores.

"Hay cuatro que se han puesto de acuerdo con la misma abogada, con el mismo proceder", afirmó.

Villaverde también defendió su actividad privada y señaló que lleva más de 15 años vinculada al sector inmobiliario. Además, afirmó que las tierras pertenecen a su familia desde hace décadas y rechazó que los emprendimientos hayan sido abandonados.

Sobre la urbanización en Las Grutas, explicó que el proyecto buscaba facilitar el acceso a terrenos mediante planes de pago a largo plazo y aseguró que los trabajos sufrieron demoras después de la pandemia. "Las obras están en marcha y se están terminando", aseguró.