Las dos petroleras que impulsan Sea Lion, el proyecto para extraer petróleo en aguas cercanas a las Islas Malvinas, respondieron a las nuevas advertencias del presidente Javier Milei y aseguraron que las posibles sanciones de la Argentina no alterarán el desarrollo ni el cronograma previsto para el yacimiento.

La israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration emitieron este viernes una declaración conjunta después de que el mandatario anunciara nuevas medidas contra las compañías que participen, directa o indirectamente, de la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.

Las empresas defendieron las licencias concedidas por las autoridades británicas que ocupan las Malvinas y sostuvieron que fueron "legalmente otorgadas". Además, remarcaron que cuentan con el "apoyo total y continuo del Gobierno británico".

"No se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto", señalaron.

La reacción llegó después del discurso de Milei, quien anunció que avanzará con un decreto para acelerar las sanciones y enviará al Congreso un proyecto para endurecer las penas.

"Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina", anticipó el Presidente.

Qué es el yacimiento petrolero Sea Lion 

El conflicto tiene como eje un proyecto que podría convertirse en uno de los principales desarrollos petroleros de la zona. Sea Lion está ubicado unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y actualmente es controlado en un 65% por Navitas, mientras que Rockhopper posee el 35% restante.

Las compañías tomaron a fines de 2025 la decisión final de inversión para desarrollar su primera etapa, que contempla un desembolso cercano a los USD 1.800 millones, de los cuales alrededor de USD 1.000 millones serían financiados mediante deuda.

Según las estimaciones empresarias, el yacimiento posee reservas por unos 216 millones de barriles de petróleo, mientras que sus recursos totales rondarían los 603 millones.

El objetivo es comenzar la producción durante 2028, con un volumen inicial estimado en alrededor de 55.000 barriles diarios. El desarrollo prevé pozos submarinos conectados con una unidad flotante que permitirá producir, almacenar y posteriormente descargar el crudo.

La Argentina considera que cualquier actividad de exploración o explotación de hidrocarburos en esa zona requiere autorización nacional, al tratarse de un territorio cuya soberanía reclama y que permanece bajo ocupación británica desde 1833.

Milei busca endurecer las sanciones

El Gobierno argentino cuenta con herramientas para penalizar a las compañías que operen sin autorización en la zona. La Ley 26.659 establece sanciones para las empresas involucradas directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.

De hecho, Rockhopper fue sancionada por la Argentina en 2013, mientras que en 2022 la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades de Navitas relacionadas con Malvinas y dispuso su inhabilitación durante 20 años para operar en el país.

Milei ahora busca ampliar el alcance de esas restricciones. Además de las compañías directamente involucradas, las medidas podrían alcanzar a accionistas, directivos y proveedores, mientras que el proyecto que enviará al Congreso apunta a endurecer las penas existentes.

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora", afirmó el Presidente.

El mandatario también anticipó que buscará extender las restricciones hacia otras actividades económicas desarrolladas en las islas, entre ellas la pesca, el turismo de cruceros y la ganadería ovina.

Tras el discurso de Milei, funcionarios británicos volvieron a defender la posición de Londres y calificaron de "inamovible" su postura sobre las islas, bajo el argumento de la autodeterminación de sus habitantes.

La Argentina rechaza ese planteo y sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países.