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La Justicia ratificó el sobreseimiento de Luis Caputo por incompatibilidades en la función pública

El tribunal desestimó la denuncia de un grupo de legisladores al comprobar que el ministro declaró sus participaciones societarias y no mantenía vínculos con firmas compradoras de deuda.

La Justicia ratificó el sobreseimiento de Luis Caputo por incompatibilidades en la función pública

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el sobreseimiento del ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de una causa iniciada en 2017 cuando ejercía como ministro de Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri.

La investigación buscaba determinar si el funcionario había incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública a través de la compra de bonos soberanos mediante sociedades en el exterior, así como la presunta omisión deliberada de información en sus declaraciones juradas.

Al evaluar las actuaciones, el tribunal concluyó que “no se observa un actuar delictual doloso” por parte del funcionario y determinó que no restan medidas de prueba pendientes para prolongar la causa. El expediente se había originado tras una denuncia promovida por los ex legisladores Rodolfo Tailhade, Héctor Pedro Recalde, María Teresa García, Claudio Martín Doñate, María Fernanda Raverta y Carlos Miguel Kunkel. Ante las acusaciones, la defensa a cargo de Matías Cúneo Libarona sostuvo que las inconsistencias detectadas en las declaraciones juradas no respondieron a un intento de ocultar su patrimonio ni de eludir controles oficiales.

En el fallo, la Cámara destacó que Caputo declaró su participación en la firma “LC Advisors” en diversas presentaciones y ante la AFIP, lo que permitió descartar el elemento de “malicia”.

Asimismo, tras analizar la documentación relativa a su rol en “Princess International Group Ltd”, sociedad cuyo dueño y beneficiario final era su hermano Flavio Caputo, los magistrados precisaron que la adquisición de bonos realizada por esa entidad en octubre de 2016 se ejecutó mediante oferta pública. En ese período, la resolución señaló que el actual titular de Economía ya no registraba vínculos, funciones de gestión ni prestación de servicios para esa estructura corporativa.

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