La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil quedó suspendida por 60 días en la provincia de Buenos Aires por decisión de la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora. El fallo abrió una nueva discusión entre Nación y Provincia por la baja de la edad de punibilidad a los 14 años y los recursos necesarios para implementar la reforma.

Pascual hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por Gabriela Salicio, representante de una organización integrante de la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo. La magistrada fundamentó la medida en las condiciones actuales de los centros de detención bonaerenses y su capacidad para recibir a más adolescentes sin afectar sus derechos.

"Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia", sostuvo en su resolución. Además, convocó para el próximo 16 de septiembre a funcionarios provinciales de las áreas involucradas para que expliquen las medidas adoptadas y previstas para poner en marcha el régimen.

“No creamos más seguridad”, dijo la jueza tras las críticas

La decisión generó cuestionamientos desde el oficialismo nacional, principalmente de Patricia Bullrich y Diego Santilli, quienes apuntaron contra la Justicia bonaerense y el gobernador Axel Kicillof.

Tras la polémica, Pascual salió a defender su resolución y rechazó que su postura implique minimizar los delitos cometidos por adolescentes. "No romantizo a los chicos que salen con un arma", afirmó y agregó: "Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes".

La jueza también puso el foco en qué ocurre durante el cumplimiento de las penas. "Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito", sostuvo.

"Por un lado, tengo que escuchar a la víctima. Y por el otro, tengo la obligación de intentar devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad que el encierro potencia", explicó.

Frente a las acusaciones de "garantismo", Pascual respondió: "Soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente".

El cruce entre Nación y Provincia por el nuevo régimen

El fallo también derivó en un intercambio entre Santilli y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. El jefe de Gabinete cuestionó el "silencio" de Kicillof y aseguró que la suspensión deja impunes a adolescentes de 14 años que cometan delitos.

Alonso respondió que "bajar la edad de imputabilidad no alcanza" y reclamó recursos para crear juzgados y fiscalías especializadas, centros de detención, infraestructura y sumar personal.

"Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña", sostuvo el funcionario bonaerense, quien además cuestionó que el Gobierno nacional responsabilizara al Ejecutivo provincial por una resolución judicial.

El nuevo Régimen Penal Juvenil fue aprobado por el Congreso mediante la ley 27.801 y entró en vigencia el último sábado. Entre sus principales cambios se encuentra la reducción de la edad de punibilidad a los 14 años y la incorporación de nuevas reglas y penas para adolescentes en conflicto con la ley penal.

La normativa establece al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal y contempla mecanismos de seguimiento de los adolescentes, asistencia a las víctimas y coordinación con las provincias.