El proyecto de Presupuesto 2027 ya llegó al Congreso y abrió un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas. Mientras el Ejecutivo fijó una partida de alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las casas de estudio, el sistema universitario había estimado que necesitaría unos $11 billones para el próximo año.
"El presupuesto consolida cuáles son las prioridades del Gobierno y, dentro de esas prioridades, no está el sistema público de universidades. Tampoco está cumplir la ley (de financiamiento universitario)", aseguró el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, en declaraciones a Radio Mitre.
Menos inversión en ciencia, tecnología y obras
El reclamo universitario no se limita al monto global asignado para 2027. Yacobitti puso el foco en la evolución de distintas partidas durante los últimos años y aseguró que algunas áreas acumularon fuertes caídas.
"En el mundo donde el conocimiento es el protagonista, la inversión para las partidas de ciencia y tecnología desde 2023 hasta hoy el presupuesto consolida que bajaron 85%. El plan de obras para las universidades bajó al 92% en obras y mantenimiento. Eso es para comprar equipamientos que hacen falta para estudiar, desde carreras tradicionales hasta las carreras que implican nuevas tecnologías", señaló el vicerrector de la UBA.
También sostuvo que la inversión por estudiante se redujo un 28% durante los últimos tres años y comparó el gasto por alumno de las universidades argentinas con instituciones de otros países de la región. Según Yacobitti, la inversión por estudiante es entre 10 y 15 veces menor que en universidades como la de San Pablo y la UNAM de México.
Estas cifras corresponden a la evaluación realizada por el vicerrector universitario y forman parte de su argumento contra el proyecto de Presupuesto. La discusión parlamentaria deberá determinar finalmente qué recursos tendrá el sistema durante 2027.
Qué establece el proyecto para las universidades
Además del monto previsto, el proyecto de Presupuesto incorpora disposiciones específicas para el funcionamiento de las universidades nacionales.
Se establece la obligatoriedad de que las casas de estudio entreguen al Ministerio de Capital Humano la información requerida para la asignación, ejecución y evaluación de los fondos que reciben. En caso de incumplimiento, la cartera podrá interrumpir las transferencias, según establece el proyecto.
El texto también fija un criterio para calcular los aumentos salariales de docentes y no docentes durante 2027: la referencia serán las plantas de personal vigentes a noviembre de 2026, salvo aquellas ampliaciones que hayan sido autorizadas.
Este tipo de mecanismo no es completamente nuevo en las leyes presupuestarias. La normativa nacional ya contempló en ejercicios anteriores la obligación de las universidades de presentar información para la asignación y evaluación de los recursos y la posibilidad de interrumpir transferencias ante incumplimientos.
El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario
La discusión por el Presupuesto 2027 se suma a un conflicto que el sistema universitario mantiene con el Gobierno desde la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario.
Yacobitti volvió a cuestionar la interpretación oficial sobre el cumplimiento de esa norma y planteó que existe una disputa que debería ser resuelta institucionalmente.
“El Gobierno dice que está cumpliendo la ley; las universidades dicen que no. ¿Quién tiene razón? Tiene que haber alguien que diga, ‘no, mirá, esto es así’. Eso es lo que hoy desespera a muchos", explicó.
"Yo creo que eso no nos puede hacer abandonar el sueño de tener una universidad pública como la que tenemos hoy", sostuvo y no descartó que el sistema universitario vuelva a implementar una medida de fuerza.
“En una medida de fuerza perjudicás a los estudiantes, que también son los que están reclamando por lo mismo. No nos queda otra que tratar de concientizar a la sociedad, como lo hicimos hace pocos días en la Plaza de Mayo, poniendo los haberes a disposición de la sociedad, independientemente de que las universidades estaban abiertas y funcionando. Es un doble esfuerzo”, sentenció.
La discusión ahora se trasladará al Congreso, donde el proyecto de Presupuesto 2027 deberá atravesar el debate parlamentario. Para las universidades, uno de los puntos centrales será intentar reducir la brecha entre los $7,3 billones previstos por el Ejecutivo y los $11 billones calculados por el sistema universitario para sostener su funcionamiento durante el próximo año.