El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas que el Gobierno Nacional considera clave para intentar que los dólares que permanecen fuera del circuito financiero vuelvan al sistema formal.

El proyecto obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra, con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales. La sanción representa un logro legislativo para el oficialismo, que buscaba recuperar la iniciativa parlamentaria, aunque debió aceptar pedidos de sus aliados e incorporar el debate del proyecto de biocombustibles.

Uno de los principales objetivos de la reforma es incentivar el ingreso de ahorros en dólares al circuito financiero formal mediante cambios en el régimen simplificado de Ganancias y en los controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Qué cambia con Inocencia Fiscal II

La nueva ley elimina las restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias vinculadas al patrimonio. Hasta ahora, podían acceder quienes tuvieran un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos.

A su vez, establece restricciones específicas para quienes ocupan cargos públicos. Legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado. La prohibición también alcanza a los funcionarios públicos y a quienes hayan ocupado cargos de ese tipo durante los cinco años anteriores.

Otro de los cambios centrales está relacionado con el concepto de “discrepancia significativa”, que establece en qué situaciones ARCA puede impugnar una declaración realizada bajo el régimen simplificado.

De acuerdo con la iniciativa, una diferencia será considerada significativa cuando implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Durante el debate, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que la falta de confianza llevó a muchos ciudadanos a sacar sus ahorros del circuito formal y planteó que Argentina y Rusia son los países con más dólares fuera del sistema financiero.

Bullrich afirmó que “el enemigo de los ahorristas ha sido el Estado” y mencionó entre los mecanismos que, según su planteo, llevaron a los ciudadanos a retirar sus ahorros del circuito formal a la hiperinflación, la inflación y el cepo.

La senadora también destacó las restricciones incorporadas para los funcionarios públicos y sostuvo que podrán utilizar el mecanismo de simplificación, pero no acceder a sus beneficios.

Cruces entre el oficialismo y el peronismo

El proyecto generó fuertes cruces durante la sesión. Desde el peronismo, el senador José Mayans cuestionó duramente la reforma y aseguró que es “un desastre”, además de compararla con la ley aprobada en diciembre.

Mayans sostuvo que se trata de una norma que beneficia a evasores y narcotraficantes y apuntó contra distintos integrantes del oficialismo. En tanto, el debate fue abierto por el libertario Bruno Olivera Lucero, quien defendió la iniciativa y sostuvo que busca generar confianza entre los contribuyentes.

“Durante muchos años, ser contribuyente era una condena. Los trataban a todos como evasores”, afirmó el senador, quien cuestionó el trato que, según su mirada, recibieron los contribuyentes durante el kirchnerismo.

Por su parte, el senador peronista Fernando Salino reclamó ampliar las restricciones para incluir a las “personas políticamente expuestas”, una categoría que consideró más amplia que la de funcionarios públicos contemplada en el proyecto. La sesión había comenzado a las 11:23, con un quórum estricto de 37 senadores aportados por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales.

Antes del tratamiento de Inocencia Fiscal II, el peronismo utilizó las cuestiones de privilegio para cuestionar al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por el destino del oro de las reservas. Las acusaciones fueron formuladas por los senadores justicialistas Florencia López y Martín Soria y rechazadas por el libertario Agustín Monteverde.

Además, el radical Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio dirigida al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, para reclamar la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional ante la situación de la educación y el bajo rendimiento de los alumnos en las evaluaciones PISA.

Luego de las cuestiones de privilegio, el Senado tenía previsto avanzar con el tratamiento de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto, además de la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.