El Gobierno negó este martes que el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional amenace la libertad de expresión.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, desmintió "interpretaciones maliciosas y críticas infundadas" sobre la iniciativa después de que dirigentes de la oposición y constitucionalistas advirtieran acerca de los potenciales riesgos del proyecto sobre la libertad de expresión. En esa línea, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) anunció que remitiría a los legisladores "un análisis jurídico del proyecto de ‘Ley de Defensa de la Soberanía Nacional’, con especial atención a aquellos aspectos que puedan generar interpretaciones ambiguas con potencial impacto en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa".

La controversia gira en torno al artículo 111 del proyecto, el cual propone incorporar un artículo 225bis al Código Penal para castigar -con penas que van de cinco a 12 años- a quienes, actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, realicen acciones tendientes a "alterar procesos electorales o a manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas y masivas".

"Se cuestiona un posible efecto intimidatorio o de autocensura sobre la libertad de expresión. Esta crítica parte de una caracterización incompleta del artículo. La figura no reprime una noticia falsa ni una expresión individual", explicó el funcionario.

Otro punto que encendió las alarmas tiene que ver con el artículo 88 del proyecto, el cual tipifica como infracción conductas que interfieran, mediante medios clandestinos, engañosos o coercitivos, en el proceso decisiorio de las autoridades locales.

"Detractores sostienen que las conductas prohibidas no están correctamente delimitadas, resultando aplicables a varios casos. Esta crítica es infundada", aseguró Ravier. "La conducta que se invoca, prevista en el artículo 88, no es amplia, sino que está completamente delimitada: sólo se configura cuando se interfiere en el proceso decisorio de las autoridades constituidas del país mediante medios clandestinos, engañosos o coercitivos. Lo que se protege es cómo decide el Estado, no cómo se forma la opinión pública". 

"La norma apunta a presiones encubiertas sobre funcionarios, documentación falsa presentada ante organismos o coerción. Es un hecho de extrema gravedad porque afecta la capacidad de autodeterminación del país y, con ella, su soberanía", amplió.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, íntimamente ligada a la cuestión Malvinas, que fue enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, prevé agravar las sanciones contra empresas y operadores que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino. El Gobierno le pidió a los legisladores que acompañen la iniciativa y la traten "lo antes posible".