La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un documento institucional tras registrar ataques del presidente Javier Milei hacia profesionales de la prensa en las redes sociales. El pronunciamiento criticó el uso de descalificaciones personales hacia editores y comunicadores a raíz de sus entrevistas o publicaciones, encuadrando la conducta oficial como un mecanismo que degrada el intercambio político.
El organismo recalcó la vigencia del derecho a la réplica republicana, al explicitar que "quien gobierna, y es objeto de crítica, o considera que la información de un acto de gobierno es errónea, incorrecta o incluso pueda evaluarla como sesgada, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano de nuestra república: ejercer su crítica, aclaración o desmentida, incluso en tono enérgico y vehemente".
Sin embargo, la entidad diferenció la respuesta legítima de la agresión directa, al considerar que "lo que erosiona el debate público y el diálogo democrático son el insulto y el agravio, que afectan no solo al destinatario identificado, sino al conjunto del cuerpo social".
En esa línea, el pronunciamiento reafirmó los consensos constitucionales sobre la labor de los medios, bajo el entendimiento de que "la libertad de expresión protege especialmente la circulación de opiniones sobre quienes ejercen el poder", recordando en simultáneo que el recurso del desmentido formal "ha sido concebido para responder, pero no para avalar los ataques personales".
El comunicado de la entidad recopiló los episodios recientes dirigidos desde la cuenta del jefe de Estado hacia Fernán Saguier, Carlos Pagni, Jorge Liotti y Joaquín Morales Solá, del diario La Nación; María Eugenia Duffard, de Infobae; Jesica Bossi, de TN y Clarín; Luis Novaresio, de A24; Eduardo van der Kooy, de Clarín; y Gustavo Sylvestre, de C5N.