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Por DNU, el Gobierno autorizó el envío de tropas a Brasil para un ejercicio militar

La decisión se tomó mediante el decreto 1157/2026 tras la falta de tratamiento de la ley correspondiente en la Cámara de Diputados.

Por DNU, el Gobierno autorizó el envío de tropas a Brasil para un ejercicio militar

A través del decreto de necesidad y urgencia 1157/2026, el presidente Javier Milei autorizó la salida de tropas y equipamiento militar del territorio nacional. La medida, firmada en acuerdo general de ministros y publicada en el Boletín Oficial, habilita la participación de las fuerzas argentinas en el ejercicio combinado ARANDÚ 2026 a desarrollarse en Brasil.

El contingente argentino estará compuesto por hasta 405 efectivos y 99 vehículos, incluyendo diez Tanques Argentinos Medianos y ocho vehículos de combate de transporte de personal 8x8. El despliegue se sumará a los 1.100 militares brasileños que participarán de las actividades programadas entre el 10 y el 17 de octubre en el campo de instrucción Barão de São Borja, en Rosario do Sul.

La fundamentación de la medida oficial argumentó la necesidad de apelar a un DNU debido a que el proyecto de ley que regula los ejercicios combinados entre septiembre de 2026 y agosto de 2027 no obtuvo tratamiento en la Cámara de Diputados. Frente a esta demora en el ámbito parlamentario, el Poder Ejecutivo consideró que la situación excepcional impedía aguardar el trámite legislativo ordinario.

El operativo demandará una partida presupuestaria de $247.928.911, costo que será financiado con los fondos asignados al Estado Mayor General del Ejército dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa. Las maniobras abarcarán la protección hipotética de objetivos estratégicos mediante el despliegue de unidades blindadas, aerotransportadas, aeromóviles, de aviación y de operaciones especiales, poniendo a prueba los simuladores ensayados en 2025 con prácticas diurnas y nocturnas.

La norma entró en vigor en forma inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial. En cumplimiento con la legislación vigente para las disposiciones del Poder Ejecutivo, el texto fue remitido formalmente a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para su correspondiente evaluación.

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