La Justicia habilitó al Gobierno a apelar la cautelar que exige cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apeló a la sentencia que le impuso una multa de $100.000 por incumplir la normativa.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó un planteo del Ministerio de Capital Humano contra la decisión del juez de primera instancia, que había rechazado la posibilidad de apelar.
El reclamo se originó en un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo de Martín Cormick. El magistrado había intimado al Estado a cumplir, en un plazo de cinco días, con la medida cautelar que ordena actualizar los fondos destinados a las universidades, bajo apercibimiento de aplicar multas.
En su presentación, el Gobierno cuestionó que el juez no hubiera precisado cuáles eran las obligaciones de la ley que permanecían incumplidas ni los montos que debía abonar para dar por cumplida la normativa.
Además, sostuvo que los incrementos salariales para docentes y no docentes universitarios habían cubierto la actualización prevista por la ley. También argumentó que la decisión judicial le ocasionaba un “agravio mayúsculo de imposible reparación ulterior”.
Finalmente, los camaristas hicieron lugar al planteo del Estado al considerar que la resolución del juez de primera instancia podía ocasionarle un “gravamen irreparable”. De esta manera, el Gobierno podrá avanzar con la revisión judicial de la medida cautelar.
A la par del fallo a favor del Gobierno, el jefe de Gabinete presentó un recurso para apelar la multa de $100.000 diarios que impuso el juez Cormick por incumplir la actualización salarial del personal universitario.
En su escrito, Santilli pidió que se suspenda la ejecución de las astreintes “hasta tanto se resuelva el recurso de apelación concedido por el Superior respecto de la decisión que tuvo por incumplida la medida cautelar e intimó al Estado Nacional a su cumplimiento bajo apercibimiento de sanciones conminatorias”.
El funcionario apuntó a la “ausencia de fundamento normativo concreto para la atribución personal de responsabilidad”, y que mantener las sanciones “podría ocasionar consecuencias patrimoniales de difícil, e incluso imposible, reparación ulterior”.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional pidió a la Justicia que se aumente el monto de la multa a Santilli por considerar que es “más que exiguo en comparación con los importes en juego”.