Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay acorralado por el colapso financiero de Ueno Bank y a minutos de que la Cámara de Diputados iniciara la sesión para tratar su juicio político. La disolución de la entidad crediticia por falta de fondos dejó atrapados los ahorros de cerca de tres millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes, desatando una crisis institucional que terminó por quebrar al Gobierno y consagró la sucesión del vicepresidente Pedro Alliana al frente del Poder Ejecutivo hasta 2028.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el ex mandatario comunicó su alejamiento de la Casa de los López para frenar la escalada social: “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”. Luego de pedir disculpas a la población si en algún momento defraudó la confianza pública, puso el foco en las víctimas del sistema bancario: “Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero. Ninguna persona está por encima del Paraguay”.

El factor decisivo que selló la suerte del mandatario ocurrió cuando el titular de la Asociación Nacional Republicana y ex presidente Horacio Cartes anunció que la bancada del Partido Colorado votaría a favor de la destitución: “Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado. Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”. 

En esa misma dirección, el diputado colorado disidente Mauricio Espínola había alertado sobre el impacto electoral: “Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la república en el 2028”.

La acusación parlamentaria había sido presentada por 35 legisladores opositores y disidentes, encabezados por Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, bajo los cargos de "mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo" y "conflicto de intereses", junto a cuestionamientos por el incremento de su patrimonio. El centro de las sospechas se focalizó en los vínculos previos de Peña con el grupo que controlaba Ueno Bank, donde mantuvo acciones hasta 2025, sumado al depósito en esa entidad de entre 800 y 850 millones de dólares en fondos estatales y del Instituto de Previsión Social (IPS).

El desenlace comenzó el martes con la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) al constatar que la solvencia de Ueno Bank se derrumbó a menos del 50% del mínimo legal, lo que derivó en vigilias, protestas y filas de ahorristas en Asunción. Antes de dimitir, Peña promulgó una ley de emergencia para devolver hasta 40 salarios mínimos por cliente en cinco días hábiles: “A todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés”.

La investigación penal escaló con la renuncia del presidente del BCP, Carlos Carvallo, reemplazado por Raúl Vera Bogado, mientras la Fiscalía imputó a 27 personas y detuvo a ocho directivos, entre ellos el presidente de la entidad Juan Manuel Gustale y el CEO Miguel Vásquez.