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El Gobierno confirmó que evalúa iniciar acciones penales contra directivos de empresas petroleras que buscan extraer hidrocarburos en las Islas Malvinas, como parte de una ofensiva diplomática y jurídica para frenar esos proyectos. La advertencia apunta a los ejecutivos vinculados al desarrollo del yacimiento Sea Lion, quienes podrían enfrentar causas en los tribunales argentinos, multas y condenas de prisión.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el canciller Pablo Quirno ratificó la postura oficial tras la publicación del diario británico The Guardian: "Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas". Sobre la viabilidad de juzgar a personas físicas en el país, dijo que ambas compañías ya recibieron sanciones locales: "Argentina va a utilizar todos los instrumentos que tiene al alcance de su legislación y también en los foros internacionales para impedir que la explotación de recursos naturales en las Malvinas suceda".
La estrategia abarca la presentación realizada ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para dictar medidas provisionales que suspendan las obras antes del primer trimestre de 2027, fecha prevista para el inicio de la explotación, hasta que se constituya un tribunal arbitral. El titular del Palacio San Martín cuestionó el incumplimiento británico de las disposiciones de Naciones Unidas que prohíben actos unilaterales en zonas en disputa y delimitó el alcance de la demanda internacional: "El Tribunal Internacional del Mar no tiene jurisdicción para tratar temas de soberanía. Argentina está planteando en el tribunal justamente el tema de sus recursos naturales y ahí es donde se centra esta discusión hoy".
Ante un eventual fallo favorable, el Ejecutivo aguarda que Londres respete los compromisos asumidos en convenciones internacionales compartidas: "Uno espera que el Reino Unido, en caso de que se dé ese resultado, acate las órdenes, porque si no sería contrario a las propias disposiciones de un acuerdo del que ellos son parte y estaría en contra del derecho internacional".
Ante la posible reactivación de una conexión marítima entre Punta Arenas y el archipiélago, Quirno aclaró las exigencias legales vigentes y manifestó su expectativa de que Chile mantenga su respaldo histórico sin brindar apoyo logístico: "Existe un marco de libre circulación. Lo que sí existe es legislación argentina que indica el pedido de autorización a buques que vayan y vuelvan con carga hacia y desde las Islas Malvinas, porque obviamente consideramos que es territorio argentino".
La ofensiva en los tribunales forma parte de un esquema más amplio impulsado por la administración de Javier Milei para resguardar los intereses nacionales en el Atlántico Sur, que contempla modificaciones legislativas y el desarrollo de una base naval integral en Ushuaia.
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