La agencia de calificación Moody’s destacó una mejora en la calidad crediticia de las empresas en la Argentina, impulsada por la estabilización macroeconómica y el regreso a los mercados internacionales de deuda, aunque advirtió que las elecciones presidenciales de 2027 abrirán un escenario de mayor volatilidad e incertidumbre.
A diferencia del panorama regional, donde "la calidad crediticia de las empresas no financieras se mantendrá estable en términos generales en 2027, aunque con un sesgo negativo", el desempeño local aparece "en proceso de mejora en Argentina". Este avance se apoya en que la "estabilización macroeconómica y la reapertura de los mercados externos respaldan el refinanciamiento" corporativo y en un escenario más favorable para el sector exportador, dado que el Gobierno "ha reducido la proporción de los ingresos de los exportadores destinada al Estado".
Dentro de este contexto financiero, el informe remarca que "las condiciones predominantes beneficiarán a los exportadores de materias primas, las empresas con calificación de grado de inversión y amplia liquidez, y las empresas calificadas con fuentes diversificadas de financiamiento". Sin embargo, la recuperación convive con exigencias operativas para las firmas locales, ya que "la inversión mantendrá negativo el flujo de efectivo libre de dos tercios de los emisores" en el país a pesar del mayor acceso al crédito.
Hacia el mediano plazo, el principal foco de atención de la calificadora está puesto en el calendario político y su impacto sobre las decisiones financieras. El reporte alerta sobre el efecto de la contienda electoral porque "las elecciones presidenciales de octubre de 2027 aumentarán la volatilidad de los mercados y la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas".
Por último, el estudio evalúa el perfil de vencimientos en América Latina y sostiene que "la reapertura de los mercados, el refinanciamiento anticipado y el reducido volumen de vencimientos a corto plazo contienen el riesgo regional". De todos modos, el escenario no será parejo para todo el entramado corporativo, puesto que "los prestatarios con alto apalancamiento y las empresas con grandes necesidades de refinanciamiento estarán en desventaja".