La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamará ante la Cámara Federal porteña que se le amplíen las indagatorias a los acusados por el intento de asesinato a la ex mandataria a partir de los mensajes hallados en el celular de Gabriel Carrizo quien, a criterio de los abogados de querella, debería ser procesado como coautor del hecho y ya no como partícipe secundario, informaron hoy fuentes del caso.

Los abogados de la querella José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal llegaron ante el tribunal de apelaciones luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti rechazara el planteo que le formularon hace una semana pero les concediera la vía de la apelación para que pudieran discutirlo en la instancia superior, como pasó con otro planteos.

"Ante la revelación de nuevas comunicaciones extraídas del celular de Gabriel Carrizo, solicitamos que se amplíe su declaración indagatoria y que, al procesarlo, se lo sindique como coautor y no como partícipe secundario", reclamaron los abogados querellantes.
 

"A su vez, dado el contenido de los mismos mensajes, sumados a extracciones realizadas del celular de Sabag Montiel, solicitamos que se indague a Brenda Uliarte, a Fernando Sabag Montiel y a Gabriel Carrizo por la plataforma fáctica recabada hasta el momento que, además de revelarlos como coautores del delito de homicidio, muestran que operaban como una asociación ilícita", indicaron los letrados.
 

Los mensajes de Whatsapp, extraídos del teléfono celular del detenido y procesado Carrizo, motivaron la semana pasa una presentación de la querella en la que se señaló que el ataque del que fue víctima la exmandataria "no estaba destinado exclusivamente a matar a la vicepresidenta" sino también a "desestabilizar el sistema político y constitucional en general".
 

Carrizo le envió a una persona de confianza al día siguiente del intento de asesinato mensajes que decían: "Mi amigo intentó matar a Cristina", "Es un golpe que le dimos al gobierno" y "Esto se va a poner peor", según surge de la presentación de la querella.
 

En la apelación para llegar a la Cámara Federal, los abogados Ubeira y Aldazabal sostuvieron que basta con exponer el contenido de esos mensajes para notar que "el ataque estaba planificado cuidadosamente, que los atentados no se dirigirían solo contra la Vicepresidenta y que el involucramiento de Gabriel Carrizo era el de alguien que tenía competencia interna en la decisión del hecho, requisito que toda la doctrina contemporánea marca como fundamento de la coautoría".
 

Con las pruebas que había en un principio, la querella afirmó que "ya daban la pauta de una posible coautoría", pero "siempre fue respetuosa del derecho vigente" y no querían ir más allá de lo que surja concretamente de las pruebas. Sin embargo, agregaron: "Lo cierto es que el nuevo cúmulo de mensajes, sumado a los ya imputados, imponen procesar a Carrizo no como cómplice sino como coautor".
 

Uno de los argumentos fue el "plural" utilizado con el contacto agendado como "Kevin Bagas 2" a quien el implicado le decía: "Recién intentamos matar a Cristina" y "No sabés que hicimos con esto", lo cual para la querella "muestra su rol en la planificación y decisión al hecho". Otro de los argumentos, surge de la referencia sobre la que alegaban haber "intentaron matar a Cristina Fernández para que el gobierno supiera ´con quienes se está metiendo´".
 

"Frases como ´no tenés idea del grupo que formé´ o ´El trabajo si se dan las cosas bien lo voy a terminar yo´ muestran una preparación conjunta. Del mismo modo, dichos tales como ´No le dio recarga´, ´Es un boludo´ prueban su detallado conocimiento del plan y de lo sucedido. Todo esto, como vimos, hace que se cumplan los requisitos para procesar a Carrizo como coautor", continuaron.
 

A su vez, señalaron que "el contenido de otros mensajes hace necesario aplicarle tanto a él como a Sabag Montiel, Uliarte y otras personas cuya intervención surja de la investigación, el agravante previsto en el artículo 41 quinquies del Código Penal", en referencia a la figura que eleva la escala penal de los delitos cometidos para aterrorizar a la población.
 

"Con su boicot a ampliar las indagatorias, la jueza veda la posibilidad de que la elevación a juicio abarque los hechos que tiene que abarcar y sea calificada como tiene que serlo. Es que los mensajes son, obviamente, hechos. Y, como tales, deben imputarse a través de una declaración indagatoria. De esta forma, no hay ninguna otra oportunidad para esta abrir la vía para las calificaciones correctas que no sea la ampliación de indagatoria durante la instrucción", concluyeron los abogados de la querella.