La iniciativa obtuvo media sanción en diciembre de 2018 en Diputados, luego el Senado realizó modificaciones y acompañó el proyecto. Hoy miércoles, recibió el apoyo de todos los bloques de la Cámara Baja y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. 
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Este programa funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, con anclaje en la Dirección de Derechos Humanos, el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Asesor Mixto de Adopción y Familia y, complementariamente en articulación con el Banco Provincial de Datos Genéticos de la Provincia. 
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En la pieza legal se establece que “son beneficiarios directos de esta Ley las personas que presumieran que su identidad ha sido suprimida o alterada por hechos concomitantes o posteriores a su nacimiento y las personas adoptadas, cualquiera sea la fecha en que ésta se hubiere producido. A tales efectos, quedan comprendidos los hijos, padre, madre, nietos y supuestos hermanos de la persona cuya identidad hubiera sido alterada o suprimida”. 
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Se agrega que “son beneficiarios indirectos de esta Ley todas las personas privadas de la relación parental por la comisión de un delito y/o la falta o vicio del consentimiento, quedando comprendidos los abuelos”. 
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Para la autora de la ley,&nbsp;María José Sanz (UCR), “Mendoza se posiciona como una provincia mucho más abarcadora en derechos humanos”, y justificó “mi identidad como un derecho humano tiene un valor innegable que hace a la dignidad de las personas, el derecho de ser uno mismo y es inherente a la persona por el solo hecho de ser personas”. 
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Agregó Sanz en el recinto que esta ley significa un “acompañamiento a las personas que dudan sobre su identidad de origen, victimas de apropiaciones, en épocas de democracia”. Se pretende “facilitar asesoramiento gratuito, abrir las puertas del Estado para acompañar a las personas que buscan su propia identidad, gestionar el acceso a la información, propiciar la realidad de realización de pruebas de ADN, sistematizar los datos, coordinar acciones con el Poder Ejecutivo y Judicial para que las respuestas sean certeras, y acompañarlos en salud mental”. 
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Por su parte, la norme define diferentes objetivos, entre los cuales se destacan: Otorgar asesoramiento jurídico y legal en forma gratuita a todas las víctimas de sustitución de identidad y/o familiares, independientemente del año de su nacimiento; Intervenir en todos los casos de supresión y/o alteración de la identidad biológica de una persona de los que tome conocimiento, sea por la solicitud de un interesado legitimado, organismo público o entidad privada vinculada por su objeto a la búsqueda de identidad biológica; pudiendo actuar de oficio, a los fines de facilitar y/o impulsar las acciones e investigaciones necesarias para determinar la verdadera identidad biológica, entre otros. 
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Se suma a los mismos, “facilitar los recursos de que disponga para las búsquedas particulares; y a instancias del interesado legitimado, gestionar el acceso a toda la información relacionada con la propia identidad biológica, que conste en los diversos registros de organismos estatales y privados, por medios administrativos o judiciales, especialmente la que se encuentra en los bancos de datos genéticos”, entre otros. 
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Quienes presuman que su identidad ha sido suprimida o alterada, previa solicitud al Programa, podrán gestionar el acceso libre y gratuito, a través de profesionales, a toda documentación y registros de partos, nacimientos, neonatología y defunciones obrantes en hospitales y clínicas, estatales o privadas, nacionales; provinciales o municipales, en los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas y/o cualquier otro organismo que pueda proporcionar información útil.

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