Es oficial: el Gobierno llegó a un acuerdo con los principales acreedores de la deuda externa argentina. Esta madrugada, el Ministerio de Economía emitió un comunicado anunciando que las negociaciones con los bonistas que venían trabando su resolución llegaron a buen puerto. Se trata de un entendimiento con el Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje. Esto incluye al fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock.

Después de casi ocho meses de intensas negociaciones, nos adentramos al tramo final del camino hacia la salida del default. El Gobierno presentó una extensión del plazo en la SEC (Comisión de Valores norteamericana) hasta el 24 de agosto para que ingresen al canje el mayor número posible de acreedores. Esa fecha, Martín Guzmán habrá terminado de reestructurar la deuda por u$s 64.800 millones con los privados. 

 

La última última oferta 

Esta quinta, y final, oferta negociada durante el lunes se ubica entre la (ante) última propuesta del Gobierno nacional y las exigencias de los acreedores. La cuarta oferta de Guzmán equivalía a títulos resultantes del canje con un Valor Presente Neto (VPN) de 53,5 dólares por cada lámina de 100. Por su parte, BlackRock reclamaba 56,6 dólares de VPN. Según trascendió, el acuerdo se ubica en u$s 54,8 por cada 100 dólares, muy cerca de los u$s 54,9 propuestos por los otros grupos de acreedores.

¿Qué es el Valor Presente Neto? Es un cálculo financiero que determina el valor que tendrán los títulos resultantes del canje. En este caso, se descuentan los flujos de pagos futuros de los bonos en el momento de salida del default. Se trata de un concepto inexacto porque implica una cantidad de variables que no dependen directamente de las partes, como el Riesgo País argentino una vez reestructurada su deuda. Con todo, es la herramienta que utilizan los fondos de inversión para valuar sus activos. Para ellos el VPN es muy importante: refleja el valor de los títulos en su cartera. A mayor VPN, pueden mostrar mejores rendimientos a sus clientes.

Para llegar al número mágico de 54,8 dólares, desde el Ministerio de Economía aseguran que no se recurrió a un aumento en los pagos, sino a modificaciones en los plazos y en la amortización (pagos de capital) de los nuevos títulos. Estos cambios en su estructura elevaron el valor presente de los bonos. 

El camino

Hace no mucho tiempo, la primera oferta de Martín Guzmán contemplaba un VPN de 39 dólares. En tanto, la propuesta original de los bonistas más duros, comandados por BlackRock, reclamaba títulos con un valor presente de u$s 75. Para llegar a la definitiva, se estima que los desembolsos futuros aumentaron entre u$s 16.000 y 17.000 millones, a partir de la primera propuesta del Ministro de Economía. 

Para el modelo de Guzmán, lo importante del acuerdo es que se logró reducir el peso de los intereses de la deuda, para ubicarlos en un rango más acorde a las tasas que se pagan a nivel internacional. De esta forma, el cupón promedio de la deuda fue reducido por la mitad: de casi 7% a poco más del 3% anual. Pese a que esta tasa sigue estando lejos de las que rigen en los centros financieros mundiales (cercanas al 0%), la reducción de cupones implica un ahorro en el pago de intereses superior a los u$s 20.000 millones. La quita de capital, por su parte, es simbólica: alcanza al 1,9% del total de la deuda.

Lo que falta

Hasta acá los números, pero el apartado económico es sólo un aspecto de la reestructuración. Todavía no se definió el otro aspecto fundamental del acuerdo: el legal. ¿Cómo serán las cláusulas de reasignación de títulos? ¿Cómo se reglamentará la cláusula RUFO, que garantiza a los acreedores acceder a los beneficios que impliquen mejoras en la oferta de canje? ¿Se modificarán las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs)?

Las respuestas a estas preguntas forman parte de la mesa de negociaciones que se extenderá hasta el 24 de agosto. Pero el futuro de las CACs es particularmente importante, no solo para el futuro argentino sino para el esquema financiero internacional en su conjunto. Estas cláusulas son las que habilitan a los acreedores a realizar acciones judiciales contra el deudor en caso de impago. En la reestructuración actual, existen dos tipos de CACs: las de los bonos emitidos en el canje del 2005, que otorgan más garantías a los acreedores, y las cláusulas de los bonos lanzados durante el Gobierno de Macri, más favorables para Argentina. 

Durante estos meses de negociaciones, Martín Guzmán mostró firmeza para sostener las CACs acordadas en las emisiones de deuda del 2016 - 2017. Los acreedores de los bonos 2005, por su parte, buscaron siempre defender sus libertades para iniciar juicios contra Argentina, como el ocurrido durante 2012 que tuvo como protagonista al fallecido juez Griesa. Por este motivo, saber si se sostienen las cláusulas “antibuitre” del 2016 es central para el futuro argentino, en términos de evitar nuevos procesos donde una pequeña minoría de fondos realiza ganancias extraordinarias a través de litigios contra los países deudores.

Precedente

El caso argentino tendrá repercusiones en todo el mundo, a partir de sus implicancias en el esquema de financiamiento internacional. En concreto: si las CACs resultantes del canje son similares a las del 2016, las naciones soberanas tendrán más poder defensivo frente a los “buitres”. En caso de retroceder a las cláusulas 2005, casi extintas en el mundo, sienta un precedente muy negativo para la emisión de nuevos títulos de deuda en países emergentes, y en las reestructuraciones que se vienen.

De acá se puede explicar la firmeza con que BlackRock y otros gigantes defienden las CACs más favorables para los acreedores. Estos fondos poseen también títulos de deuda del Líbano o Sri Lanka, entre otros países que se encaminan hacia su propio proceso de reestructuración. 

De esta forma, se entiende como múltiples personalidades, académicos y organizaciones financieras internacionales como el FMI han hecho público su apoyo a la Argentina en estas negociaciones. Lo que está en juego es el futuro del esquema financiero internacional entre los fondos de inversión y los países subdesarrollados. Un antecedente negativo en nuestro país se puede generalizar y potencialmente ser un factor de desestabilización para todo este sistema. 

Lo que se viene

Pese al alivio que genera a las autoridades argentinas superar el problema del default soberano, el camino para la recuperación económica argentina recién comienza. Los problemas estructurales, la crisis profundizada por la pandemia y la caída en los ingresos de los argentinos no dejan margen para la euforia. En el año 2021 vuelven a comenzar, aunque aliviados, los pagos de intereses de deuda que condicionan un proceso transformador. 

Martín Guzmán, por su parte, continuará en su rally negociador una vez cerrado el acuerdo con los privados. Sigue Kristalina Georgieva y el Fondo Monetario Internacional. Sobre los u$s 44.000 millones que el macrismo tomó del FMI se comenzará a discutir en lo inmediato. El organismo internacional se caracteriza por no haber aceptado quitas en sus acreencias en toda su historia y por imponer programas de ajuste para garantizar sus pagos. Sus auditorías también condicionarán las políticas del Gobierno. 

Una última pregunta clave: ¿Es sostenible el esquema de deuda que saldrá de la reestructuración? El análisis de sustentabilidad del Fondo, herramienta utilizada por Guzmán en la negociación, estableció un límite de u$s 50 de VPN para considerar a la deuda como sostenible. Esta oferta lo supera. El tiempo, como siempre, tiene la palabra final. Mientras tanto, veremos si el Gobierno aprovecha el veranito financiero en pleno invierno.