Como se plantea desde las Naciones Unidas, el Acuerdo incorpora los compromisos de todos los países de reducir sus emisiones y colaborar para adaptarse a los efectos del cambio climático, así como los llamamientos a los Estados para que fortalezcan sus compromisos a lo largo del tiempo. 

Se ofrece una vía para que las naciones desarrolladas ayuden a las naciones en desarrollo en su labor de mitigación del cambio climático y adaptación a este, al tiempo que crean un marco para el seguimiento y la presentación de informes transparentes de los objetivos climáticos de los países estableciendo dos procesos de examen, cada uno de ellos en un ciclo de cinco años.

Con este antecedente es que el artículo 2° marca entonces los centros nodales a tener en cuenta: 

• Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático;
• Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y
• Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 

Con los países desarrollados y en desarrollo como variables algo acotadas en su contenido es que se resalta que los tres objetivos se aplicarán de modo que refleje la equidad y el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.

La desaceleración industrial debido a la pandemia de Covid-19 no frenó los niveles récord de gases de efecto invernadero que están atrapando el calor en la atmósfera, aumentando las temperaturas y provocando un clima más extremo, el derretimiento del hielo, el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos, según informó en las últimas horas la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

“El dióxido de carbono permanece en la atmósfera durante siglos y en el océano durante más tiempo. La última vez que la Tierra experimentó una concentración comparable de CO2  fue hace 5 millones de años, cuando la temperatura era 2 - 3°C más cálida y el nivel del mar era 10-20 metros más alto que ahora. Pero no había 7.700 millones de habitantes ”, comentó al respecto el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas. 

Por su parte, el Proyecto Carbón Global estimó que durante el período más intenso de cierre, las emisiones diarias de CO2 pueden haberse reducido hasta en un 17% a nivel mundial debido al confinamiento de la población. Dado que la duración y la gravedad de las medidas de confinamiento siguen sin estar claras, la predicción de la reducción anual total de emisiones durante 2020 es muy incierta. 

No obstante, todo apunta a que la distancia entre lo prometido y lo que se está haciendo solo crecerá. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) calcula en su informe anual de "brecha de emisiones" que, solo en la década de 2020, la diferencia entre lo que los países se han comprometido y lo que es necesario para limitar el calentamiento a 2 grados es de 13 a 15 mil millones de toneladas de dióxido de carbono.

Como apunta David Roberts, los costos de las políticas climáticas ambiciosas se soportan en el presente pero, en el mejor de los casos, se podrán ver en el futuro.

"Dañan" distritos electorales específicos y se pueden rastrear hasta políticos individuales con nombre y apellido. Por el contrario, los beneficios climáticos de esas políticas son difusos y abarcan décadas y continentes.

En situaciones como estas, hay un fuerte incentivo para aprovechar, hacer la contribución mínima y depender de otros para tomar el relevo. 

En ello, armonizar los intereses de 192 países y asegurar su consentimiento unánime para los objetivos de reducción de emisiones exigibles legalmente es un rompecabezas que va más allá de la capacidad de resolver de los simples mortales. 

Como apunta Noah Sachs en su estudio “El Acuerdo de París en 2020: ¿descompostura o ruptura?”, el tratado actualmente se encuentra en grave peligro de ingreesar en un espiral descendente, en buena medida por lo que puede ofrecer: transparencia y persuasión moral, dos commodities bastante devaluados por estos tiempos. 

La transparencia descansa en que la garantía de que el progreso de cada Nación se verifique y se haga público. Si se hace bien, esto puede garantizar que todos tengan claro quién ha asumido qué compromisos, así como aquellos que se cumplen y los que no.

La persuasión moral por su parte está en el ayudar a los países más pobres, llevar las emisiones a cero neto para mediados de siglo y limitar el aumento de la temperatura por debajo de 2° C.

Ahora bien, hasta acá llegan los acuerdos y quedan los países. Ningún tratado de la ONU, vinculante o no, puede obligarlos a hacer lo contrario. Los controles siempre han estado y seguirán estando presentes pero ante todo sujetos a las vicisitudes de la política nacional. 

Lo que puede hacer la arquitectura de París es racionalizar un proceso que ya está en marcha y, en los márgenes, acelerarlo. Puede aclarar las aspiraciones compartidas, enviar señales claras del mercado y documentar el progreso continuo, fomentando un ciclo de retroalimentación positiva.

Lo que no puede hacer es imponer ni diseñar una transición energética global. Es un reflejo de la política nacional más que un motor. La arquitectura se fortalecerá cuando los países se sientan cómodos y confiados en el camino hacia la descarbonización.

Que eso suceda depende de fuerzas y decisiones mucho más grandes que la ONU.