Cerca de 110 millones de votantes desde Kaliningrado hasta Kamchatka, pasando por el poroso este ucraniano, fueron habilitados para formar parte de un paquete de enmiendas a la Constitución rusa donde la atención se centró en la eliminación (o en verdad cuenta a cero) del principio de consecutividad de dos períodos como limitante para presentarse a elecciones.
Es esto lo que en efecto daría a Putin la posibilidad de continuar en el cargo después de 2024 (cuando finalice su actual mandato). Sin embargo, las reformas, en parte desconocidas por la instalada centralidad política, sí dan cuenta de otros cambios pensados para que la perpetuidad vaya acompañado de fortaleza.
En primer lugar, Putin parece haber atendido a las demandas, en partes propias por su cercanía de la Iglesia ortodoxa, del Patriarca Kirill (Vladímir Mijáilovich Gundiáyev), y la legislación nacional haría mención sobre la figura de Dios.
Vale recordar que si bien una vasta mayoría de la población se identifica (tanto desde lo cultural como religioso) como cristianos ortodoxos, de momento Rusia es un Estado laico, donde la Constitución no hace ninguna mención a Dios ni dicta que ninguna religión puede ser considerada obligatoria u oficial.
Con el eje estructural de lo social y nacional como parte de lo “nuestro”, en la Carta Magna se incorporaron además cuestiones como la actualización de las pensiones y la prohibición de la doble ciudadanía para los cargos públicos.
Palabras diferentes, cambios profundos
En esta línea la Duma o Cámara baja del Parlamento, no podrá cesar de sus funciones al Gobierno, quedando a su vez la facultad de aprobar su conformación a simplemente confirmarlo.
De igual manera, se conservará la posibilidad de efectuar una moción de censura al jefe de Gobierno, pero con notas al pie. Si antes, en caso de moción, el Presidente debía “elegir” entre el Gobierno o el Parlamento, ahora podrá continuar conviviendo con ambos espacios, indistintamente de la moción de confianza legislativa.
Si la Duma se ve reducida en su función, algo similar ocurre con el Consejo de la Federación (Cámara alta) donde será la figura del Jefe de Estado la que profundice su presencia en la construcción del Poder Judicial, a partir del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, no solo por la ampliación de los cargos que puede nombrar, sino por las nuevas facultades que adquiere para cesarlos.
Además, la representación también verá un traspaso en la influencia del Presidente en funciones, entendiendo que si al momento sus representantes podían llegar a un 10% en términos territoriales (actualmente 170, a razón de dos por cada unidad administrativa del Estado), en el futuro 30 de de ellos podrán ser designados a dedo, en tanto que 7 serían vitalicios.
El jefe del Estado se dota además (sí, sigue) de un instrumento extra para pulverizar los impulsos opositores del Parlamento. En caso de que en una votación se obtengan los dos tercios de ambas cámaras requeridos para aprobar una ley, el mandatario podría dirigirse al Tribunal Constitucional (ese que en buena medida él mismo decidiría su constitución) para dirimir el caso.
De alguna manera estos cambios institucionalizan lo que ocurre en el país desde hace tiempo. En efecto, las reformas de las que hablamos se presentaron por Putin (es una manera delicada de decir que se aprobaron) en el mes de enero.
Fue allí cuando el mandatario marcó que una votación pública daría legitimidad a los cambios, e inicialmente programó la encuesta para el mes de abril, antes de retrasarla debido al brote de coronavirus.
En sintonía con este punto, el 16 de marzo el Tribunal Constitucional de Rusia reafirmó los cambios en la Carta Magna, dictaminando la legalidad de los aspectos señalados.