El 20 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de marihuana para consumo personal a través de un fallo conocido como el "Fallo Arriola".

El consumo de estupefacientes en general está regido por la Ley 23.737 promulgada en 1989 que penaliza la tenencia y tráfico de una lista de estupefacientes determinado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).

En 1978 la Corte se había pronunciado al respecto a través del "caso Colavini" donde definió que era constitucional castigar la tenencia para consumo.

Pero en 1986, en el "caso Bazterrica" y basándose en el artículo 19 de la Constitución, se resolvió la inconstitucionalidad de la posesión de pequeñas cantidades de marihuana para uso personal.

El Fallo Arriola volvió a ratificar que es inconstitucional castigar a un adulto por tener y consumir marihuana si no pone en peligro a terceros ya que prevalece la "libertad personal". Esto no significa que se haya ordenado la despenalización.

La Corte además exigió "asegurar una política de estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento a los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país”.

El fallo tiene sus límites: sólo se refiere a marihuana y no legitimó el consumo con ostentación a terceros ni quienes tengan intención de comercializar.

Tampoco emite un permiso legal para consumir indiscriminadamente y no se adoptaron posiciones sobre la conveniencia de la sanción penal del consumo de drogas o su despenalización.

El 26 de junio inició la campaña #ADiezAñosDeArriola de la mano de organizaciones de derechos humanos, asociaciones de usuarias/os, académicos y profesionales que culminará en un encuentro en el día de hoy en el Congreso de la Nación.

Además, se suman a la campaña “Acompañe. No Castigue". Una iniciativa que busca "resignificar el mensaje, promoviendo el acceso a intervenciones de reducción de daños y otros servicios basados en evidencias, y eliminar la criminalización".