"Se puede afirmar con certeza que un incendio eléctrico en su batería número 3 desencadenó otros incidentes de magnitud que no pudieron ser controlados por su dotación", concluye el informe de la Comisión Bicameral del Congreso, presidida por el senador fueguino José Ojeda, que durante 16 meses investigó el naufragio del submarino ARA San Juan, donde murieron sus 44 tripulantes.

Según el trabajo, divulgado esta tarde en el Senado, "la implosión" de la nave -el 15 de noviembre de 2017- se dio tras el colapso del casco resistente, al "sobrepasar su profundidad".

Los legisladores hablaron de factores coadyuvantes, entre los que mecionaron "la falta de precisión en la determinación de los procedimientos y roles de emergencia para incendios de baterías en submarinos, la minimización de las consecuencias del incendio eléctrico declarado a bordo en toda la cadena de mando y el inadecuado manejo de la emergencia durante las horas críticas desde las bases operativas en tierra".

El texto, que fue suscrito en disidencia por los cuatro miembros del oficialismo, endilga responsabilidad política al ministro de Defensa, Oscar Aguad.

"Es indudable la responsabilidad política del Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Defensa por esta tragedia que se cobró las vidas de 44 argentinos, por la falta de las diligencias adecuadas", plantea el informe.

Según la Comisión del Congreso, el ministro Oscar Aguad "ha demostrado una grave irresponsabilidad funcional en las circunstancias que rodean a la tragedia" y apuntan a que dejó a "la Armada al frente del manejo de la crisis, omitiendo la supervisión y control de las operaciones".

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Dedicaron unos párrafos al presidente Mauricio Macri, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas: "exhibió un bajo nivel de involucramiento con todo lo relacionado a la tragedia".

"El Presidente de la Nación sostuvo en el cargo al Ministro", sostiene la Bicameral y destaca que el Jefe de Estado demostró "falta de empatía con los familiares de los tripulantes".

El informe habla además de una "crisis organizacional", a partir de varios acontecimientos. Entre ellos, concluyeron los legisladores, "el Comandante de la Fuerza de Submarinos, a diferencia de otros comandos navales o militares, es la autoridad de control de submarinos. Tiene la absoluta, indelegable y permanente potestad sobre el tipo y forma de navegación que debe desarrollar el submarino, ya sea en inmersión o en superficie.

"Dicho comandate no asumió la gravedad de la avería y no evaluó correctamente sus implicancias. Tampoco recabó asesoramiento de personal técnico calificado, pese a tener a su disponibilidad documentación sobre este tipo de incidentes".

Los legisladores agregan que "tampoco recibió el asesoramiento ni advertencia alguna de los Oficiales de su Estado Mayor". 

Indicaron además que "el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento fue informado del incidente por el Comandante de la Fuerza de Submarinos en forma inmediata y se limitó a dejar la emergencia en manos de este no alertando a su escalón superior del importante acontecimiento.

"El Jefe del Estado Mayor General de la Armada recibió la información de la emergencia en forma tardía, a pesar de las implicancias que tal situación podrían derivar en una crisis a nivel nacional. Y no transmitió al poder político la información en forma detallada y completa".

El informe apuntó además que "en temas puntuales, los familiares no fueron informados de los hechos en forma inmediata ni con la certeza y contención necesaria". 

La Bicameral "descartó además la hipótesis de que el ARA San Juan sufrió el ataque de una nave de guerra extranjera, que fuera embestido por un pesquero o que se encontrara realizando tareas secretas fuera de aguas jurisdiccionales".

"La falta de recursos presupuestarios a lo largo de las distintas administraciones, la ausencia de actualización tecnológica y un nivel mínimo de mantenimiento en función de las horas de uso, produjeron un creciente deterioro del material, limitando sus condiciones operativas".

Según la investigación de senadores y diputados, "la Armada intentó seguir cumpliendo con las misiones ordenadas con presupuestos cada vez más reducidos. Se aceptó con normalidad operar en situaciones que distaban de ser las óptimas para la tarea". 

Sobre la situación en la Armada, la Bicameral advirtió que "la cantidad y calidad del personal viene sufriendo un paulatino deterioro. Se conjugan falta de motivación, aceptación de doble empleo para paliar los bajos salarios y la falta de reconocimiento a la labor muchas veces riesgosa".

"Se está produciendo un éxodo del personal más calificado hacia la actividad privada y otras fuerzas de seguridad, en busca de mejores oportunidades y mejores remuneraciones", advirtieron.

El informe completo está publicado en la página web del Senado de la Nación.