Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron esta mañana citar a declarar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro de Economía Axel Kicillof y a los ex titulares de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde y Julio Alak por la presunta contratación direccionada de habitaciones en el hotel Alto Calafate, propiedad de la ex mandataria.

De acuerdo a lo esgrimido por los acusadores, los imputados habrían ejecutado una "maniobra criminal" entre 2009 y 2015 "para beneficiarse ilegítimamente con contrataciones públicas" por $16 millones "canalizados a favor de personas interpuestas y en última instancia a la firma de la familia presidencial".

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El motivo de solicitarle al juez federal Julián Ercolini la citación a indagatoria a los imputados tiene que ver con la supuesta existencia de "negociaciones incompatibles con la función pública", un delito que prevé hasta 6 años de prisión, a raíz de la contratación del hotel propiedad de la ex familia presidencial para alojar a la tripulación de la aerolínea desde su estatización, de manera direccionada.

"Cristina Fernández, a quien la ley le había entregado el control y el financiamiento de la empresa aerocomercial del Estado en el año 2008, durante los siguientes años y hasta culminar su mandato como Presidente de la República, utilizó la estructura funcional de la empresa y una ingeniería societaria con empresas intermediarias para contratar la firma de su titularidad y de su núcleo familiar", sostuvieron los fiscales.

Según la presentación, que ahora deberá ser evaluada por el juez, "se encuentra acreditado que desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional Cristina Fernández, conjuntamente con los funcionarios designados en la aerolínea de bandera, contrataron en forma interesada el Hotel Alto Calafate, de la firma Hotesur SA, propiedad de la ex mandataria y de su familia, a través de la interposición de dos estructuras societarias -Valle Mitre e Idea- aportadas a la maniobra por sus socios Lázaro Báez y Osvaldo José Sanfelice".

En esos años, Aerolíneas contrató más de 26.000 habitaciones del hotel "Alto Calafate", en Santa Cruz, para su tripulación, de manera direccionada y en 9 contrataciones, pese a que en muchos casos hubo ofertas de otros hoteles con precios más convenientes, que fueron manipuladas o tergiversadas.

Las contrataciones se hicieron para la tripulación "en posta", es decir, en la escala de descanso de los vuelos de Aerolíneas hacia la ciudad de El Calafate "lo que implicó un beneficio económico de más de $16 millones y la ocupación constante y permanente" del hotel.

La maniobra fue la contracara de la que se cometía en otra causa conexa que investigan estos fiscales y el juez Ercolini, la falsa ocupación hotelera por parte de empresas de Lázaro Báez mediante la acumulación de alquileres como parte de maniobras de lavado de activos.

"Desde la reestatización de Aerolíneas Argentinas los procesos de compra se desnaturalizaron y las contrataciones se direccionaron, una y otra vez, en favor de la selección del establecimiento hotelero de la ex presidente y su grupo familiar", concluyeron los fiscales.

Para ello, contaron como prueba intercambios de correos electrónicos que demostraron que "los funcionarios de la empresa estatal encargados de la contratación tenían una decisión ya adoptada en forma previa de contratar el hotel de los ex presidentes sin siquiera conocer el valor del hospedaje".

Los fiscales pidieron citar a indagatoria a la ex Presidenta, a Recalde y Alak, Kiciloff, al detenido Lázaro Báez y su hijo Martín, al socio de los Kichner Osvaldo Sanfelice y otros 18 acusados, entre ellos ex funcionarios de Aerolíneas.

El hotel Alto Calafate fue explotado por distintas sociedades -Hotesur, Valle Mitre e Idea- y "ya sea directa o indirectamente, representaban ganancias económicas para la familia Kirchner".

Sobre la actual senadora nacional, los fiscales sostuvieron que "intervino en la presente maniobra desde la faz pública y, del lado privado, como accionista de Hotesur".

"Las máximas autoridades de la empresa estatal, conjuntamente con los funcionarios a cargo de las áreas encargadas de realizar las contrataciones de la aerolínea, la Gerencia del Área Económico Financiera y la Gerencia de Compras, se apartaron deliberadamente de las normas internas que regulaban el proceso de contratación hotelera, con el objetivo de alquilar en 9 oportunidades —que se aprobaron y ejecutaron entre el mes de enero de 2009 y diciembre del año 2015— el Hotel Alto Calafate", advirtieron los fiscales.

"Todos los eslabones de la estructura -con diferentes grados de responsabilidad según el lugar que ocupaban en la cadena- cumplieron un rol trascendental, ya que sin su participación la maniobra se hubiera detenido al menos circunstancialmente hasta que fueran reemplazados por otro agente que cumpliera con la voluntad criminal que se decantaba desde el PEN y las cabezas de la aerolínea estatal", argumenta el escrito.

Por ello, en la investigación se "permite sostener el desdoblamiento de la personalidad de los funcionarios públicos acusados, ya que cada uno desde el rol que le correspondía de acuerdo a su cargo, lejos de velar por los intereses del Estado, sobrepusieron un interés particular con el fin de ejecutar esta matriz de corrupción, que se decantaba desde la Presidencia de la Nación y que atravesaba verticalmente a los funcionarios de la aerolínea del Estado con el objetivo de beneficiar a la propia Cristina Fernández y a su grupo familiar", indicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal en este expediente. 

Quién es quién en la causa Alto Calafate

Alak fue titular de Aerolíneas entre 2008 y 2009 y Recalde entre 2009 y 2015, y, "desde la cúspide de la estructura burocrática administrativa de la firma, se aseguraron que se contratara el hotel de la familia presidencial, omitiendo todo tipo de control y llevando a cabo las acciones necesarias a los fines de que el plan se cumpliera de acuerdo a lo diseñado por quien los había designado en el cargo".

En lo referido al ex ministro Kicillof, se pidió su indagatoria a raíz del rol que habría tenido en las maniobras mientras ocupó un cargo jerárquico en Aerolíneas, durante la gestión de Recalde.

La ex Presidenta ya está procesada y enviada a juicio oral en 3 causas: la venta de dólar futuro al final de su gobierno, el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de las empresas de Lázaro Báez y el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a raíz de la firma del Memorándum de entendimiento con Irán.

En esta última causa tiene un pedido de desafuero por parte del juez federal Claudio Bonadio, quien le dictó la prisión preventiva.