El gobierno de Chile descartó solicitar autorización a la Argentina para que el buque carguero Danstar zarpe en diciembre desde Punta Arenas rumbo a las Islas Malvinas, amparándose en las normas internacionales de tránsito marítimo: “Los países no piden permiso”.

La postura fijada en Santiago por el canciller Francisco Pérez Mackenna rechaza los trámites previos reclamados desde Buenos Aires y respalda la travesía bajo el régimen de Naciones Unidas: “Chile cree en el derecho para la libre navegación, esa está garantizada, el derecho al libre paso, el paso inocente, como se llama en el derecho marítimo de la Convemar (Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). Y confiamos que ese derecho se respetará”.

El roce escaló luego de que el canciller Pablo Quirno exigiera el cumplimiento de los permisos correspondientes para atravesar aguas jurisdiccionales nacionales: “Por el estrecho de Magallanes pasan miles de barcos por año. Hay miles de barcos que piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas”. La principal inquietud de la administración de Milei radica en que la nueva vía marítima pueda asistir al avance petrolero británico en el Atlántico Sur, motivo por el cual el titular del Palacio San Martín apeló al “compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas”.

La travesía de la embarcación de bandera chilena, de 72 metros de eslora y operada por Easter Island Naviera, reactivará tras 15 años de suspensión el enlace comercial con Puerto Argentino para abastecer a la población con alimentos, maquinaria y materiales de construcción. El corredor surgió de una discreta negociación mantenida en septiembre entre Punta Arenas, el gobierno británico de las islas y la Development Corporation Falkland Islands, ofreciendo una alternativa que reduce a la mitad los casi 2.000 kilómetros de navegación que hoy exige la ruta regular desde Montevideo, una iniciativa comercial celebrada ante la prensa local por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich: “Queremos ser el gran supermercado de las islas”.

El intercambio de declaraciones tensó el clima diplomático luego de que un grupo de funcionarios chilenos dejara trascender a medios locales su “indignación” al considerar que la Argentina tolera desde hace años el tráfico mercante habitual entre Uruguay y el archipiélago mientras concentra sus presiones sobre las naves trasandinas. Aunque la Cancillería argentina negó estar forzando un incidente, el malestar persiste ante la posibilidad de que el puente logístico termine favoreciendo las operaciones del proyecto hidrocarburífero Sea Lion.

En paralelo a esta controversia, la delegación argentina encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, concluyó este miércoles sus alegatos en Hamburgo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para exigir medidas provisionales urgentes contra las perforaciones de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration bajo la premisa de que “es ahora o nunca”. Según informó Presidencia, el país acreditó el riesgo de daño irreparable y la urgencia para frenar la explotación unilateral, mientras que el titular de la corte internacional, Maurice Kamga, fijó para el 28 de noviembre, un plazo estimado de tres semanas tras las audiencias, el fallo definitivo sobre la cautelar.