Tras el pedido de envío a juicio oral y público que recayó sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dos de sus ex funcionarios fueron procesados en una nueva causa.

Así es que el ex Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y el actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich -quien también ostentó el cargo de su compañero- están involucrados en la investigación sobre las irregularidades halladas en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

El fallo fue dictado por el juez federal Claudio Bonadio, quien además incluyó a otros secretarios de Ambiente del gobierno kirchnerista, Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; de Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete; y falta de mérito para el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. En el caso de los ex jefes de Gabinete procesados también les fijó embargos por $ 3 millones.

La causa

La investigación es por presuntas irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el marco de los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entre los 2013 y 2015.

La denuncia la había realizado la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente y por el programa destinado a lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país.

Entre otras cosas era para planificar la elaboración y desarrollo de Planes Integrales de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, la ejecución de proyectos para la eliminación de basurales a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de rellenos existentes, y el montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la adquisición de equipamiento complementario.

Los fondos eran girados directamente desde las arcas del Tesoro Nacional al municipio que llevara adelante tales medidas a favor del Medio Ambiente, a partir de un convenio y luego de  que la administración local presentara un proyecto ajustado a dicho programa.

Dicho convenio, tal cual señaló Bonadio en su fallo, eran aprobados por el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y luego se realizaba la transferencia de fondos.

En esos 3 años se presentaron 634 solicitudes, de las que solo 212 culminaron con las respectivas transferencias del dinero correspondiente por un total de $ 604.529.670,17; y los municipios de las Provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja fueron algunos de los beneficiarios.