El 10 de septiembre de 2010, tras un recital del grupo Ráfaga, el entrepiso del boliche Beara, ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, se derrumbó dejando un saldo de dos muertos. El boliche, al momento del derrumbe, ya había sido clausurado por irregularidades y el Gobierno porteño levantó esa clausura concediendo una habilitación como "salón de fiestas privadas" cuando en realidad funcionaba como discoteca de libre acceso.

En el día de hoy, el Tribunal Oral Criminal 7 condenó a 3 años de prisión condicional y a 5 años de inhabilitación para ejercer el comercio a los propietarios del boliche, al encontrarlos responsables por la muerte de las jóvenes como consecuencia del derrumbe, en tanto absolvió a los funcionarios porteños que debían controlar la habilitación y a los policías federales acusados por cohecho.

Los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti Achaval encontraron culpables a los acusados Juan Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess del delito de “homicidio culposo agravado” de Ariana Lizarraga (21) y Leticia Provedo (20), y de “lesiones culposas graves y leves" a más de cincuenta personas afectadas por el derrumbe ocurrido en la madrugada del 10 de septiembre de 2010.

El tribunal tuvo en cuenta las numerosas pruebas presentadas en el juicio sobre la endeblez constructiva del entrepiso, a pesar de la intervención de varios arquitectos y técnicos. "Todos sabían que Beara estaba siendo utilizado para otras cosas, todos sabían que había un entrepiso con endeblez constructiva, todos sabían que había setecientas personas que era mucho más de lo permitido, entonces todos se tendrían que haber representado el resultado de muerte", argumentó el fiscal Oscar Ciruzzi en su alegato.

Por su lado, la estrategia de la defensa de los propietarios Yun, Dobrila y Fliess, fue responsabilizar a la empresa de construcción en seco y a sus responsables técnicos por el derrumbe del entrepiso, aunque esas personas fueron absueltas de responsabilidad por el tribunal.

Los tres socios, dijeron ser “inocentes” y recalcaron que del proceso de construcción de la estructura habían participado tres arquitectos y tres maestros mayor de obras y que esas tareas estaban lejos de sus áreas de competencia.

Por las muertes de Lizarraga y Provedo fueron imputadas 17 personas pero finalmente las condenas recayeron en los propietarios y en el maestro mayor de obra que certificó la obra, Gustavo Amarú, que recibió la misma pena que los socios.

Entre los funcionarios que habían sido imputados, y que hoy resultaron absueltos en primera instancia, figuran el exdirector de Habilitaciones de la Ciudad, Martín Farrel; la exdirectora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski; el exdirector de Habilitaciones Especiales, Pablo Damián Saikauskas; el ex jefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano; y el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky.

En cuanto a los policías, fueron acusados y también hoy liberados de culpa y cargo, el ex comisario Rodolfo Cabezas y los integrantes de esa fuerza Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, todos alejados la institución por el episodio.

Asimismo, Juan Lizarraga y Alicia Tagliaferro, padre de Ariana y madre de Leticia, respectivamente, participaron de todas las audiencias del debate oral, y de las instancias de un proceso judicial que llevó doce años entre el período de instrucción y el juicio.