Un relevamiento realizado en los barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encendió las alarmas sobre las condiciones de subsistencia de las familias vulnerables. Según el estudio elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el Movimiento Evita, más de siete de cada diez hogares debieron endeudarse para cubrir gastos esenciales. La compra de alimentos lidera las razones principales para la toma de compromisos financieros.

El informe preciso que el 71,8 % de los hogares en sectores vulnerables utilizó tarjetas de crédito o solicitó préstamos durante los últimos dos años. Entre quienes requirieron financiamiento externo, el 73 % destinó los fondos a la compra de productos de la canasta básica. En tanto, un 54 % utilizó el dinero para cubrir gastos de salud, mientras que un 44 % debió financiar el pago de servicios públicos esenciales.

Frente a las severas restricciones impuestas por la banca tradicional, la mayor parte de las familias debió recurrir a circuitos alternativos e informales. El estudio detalló que solo un 32 % logró acceder a créditos bancarios regulares. La mayoría optó por billeteras digitales, préstamos entre allegados, compras a fiado en almacenes de barrio y el recurso a prestamistas informales con elevadas tasas de interés.

La combinación entre la caída del poder adquisitivo y las condiciones crediticias desfavorables generó una fuerte acumulación de morosidad en los hogares. El 66,2 % de los encuestados que solicitaron préstamos admitió no estar al día con los pagos correspondientes. Además, en el segmento de usuarios de tarjetas de crédito, más del 56 % registra atrasos significativos que superan en muchos casos los tres meses de demora.

Desde las organizaciones sociales advirtieron que la falta de liquidez obliga a los vecinos a tomar nuevas deudas para saldar los compromisos contraídos previamente. Los referentes del sector señalaron que las familias se ven arrastradas a un espiral financiero insostenible para garantizar la subsistencia diaria. La imposibilidad de afrontar las cuotas consolida un escenario de vulnerabilidad extrema en la economía doméstica de las villas porteñas.

El diagnóstico presentado por los investigadores de la Universidad de Buenos Aires reactivó el reclamo de políticas públicas para frenar los abusos en el financiamiento informal. Diversos sectores impulsan proyectos de ley para regular a las agencias de cobro y ofrecer mecanismos de desendeudamiento a las familias afectadas. Mientras tanto, la crisis de ingresos continúa empujando a los sectores populares a recurrir al crédito para responder a sus necesidades básicas.