El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la decisión se tomó "por la complejidad en las agendas de los diferentes ministros".
Se suspendió la reunión de Gabinete
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Fue a través de la firma de una ley aprobada la semana pasada por el Senado. La legislación también exige a los organismos gubernamentales que amplíen su vigilancia sobre el uso del trabajo forzoso por parte de las minorías étnicas de China
Este jueves, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prohibió las importaciones desde la región china de Xinjiang como forma de presión hacia las empresas fabricantes para que demuestren que sus productos no son hechos en contexto de explotación.
Lo hizo a través de la firma de una ley que fue aprobada la semana pasada por el Senado y, desde allí, enviada a la Casa Blanca para que el mandatario le dé el visto bueno final y, de esa forma, ponerle un freno a las condiciones de trabajo forzoso.
De acuerdo al comunicado estadounidense, los productos y biene que dejarían de importarse por ser fabricados en un contexto de explotación laboral serían el algodón en bruto, los guantes, los productos de tomate, el silicio y la viscosa, las artes de pesca y una serie de componentes de la energía solar.
Al mismo tiempo, la legislación exige a los organismos gubernamentales que amplíen su vigilancia sobre el uso del trabajo forzoso por parte de las minorías étnicas de China. Lo más importante es que crea la presunción de que los productos procedentes de Xinjiang se fabrican con trabajo forzado.
Pero este movimiento de Estados Unidos no significa la primera acción que se toma respecto a esta situación: grupos de derechos humanos reportaron una vigilancia sin precedentes a los uigures, de mayoría musulmana, en la región de Xinjiang, que incluye seguimientos de ADN y operaciones de inteligencia artificial para reconocer y monitorear rostros.
Además, el Gobierno del país norteamericano ya anunció que no enviará ningún representante a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing como protesta contra los abusos que se denuncian en esta región china.
Por su parte, activistas, testigos y el gobierno de Estados Unidos dicen que más de un millón de uigures y otros musulmanes permanecen cautivos en campos de concentración en un intento de desarraigarles de sus tradiciones islámicas y asimilarlos por la fuerza. Desde Pekín describe estos sitios como centros de entrenamiento vocacional y asegura que su objetivo es reducir el riesgo de que se esparza el radicalismo islámico, tras una serie de ataques mortales.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la decisión se tomó "por la complejidad en las agendas de los diferentes ministros".
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