El Gobierno publicó hoy la Resolución que limita la actuación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “al mínimo de los casos posibles” para que se aboque “al estricto cumplimiento de sus funciones primordiales” en lo que hace a delitos complejos.

La decisión se produce en el marco de la intervención del organismo el propio Alberto Fernández dispuso al iniciar su gestión y que lleva adelante Cristina Caamaño desde el pasado 21 de diciembre.

A través de la Resolución 17/2020, la funcionaria nacional plantea que “los medios técnicos y humanos de la AFI se aboquen al estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos y el orden constitucional”. 

La medida fue comunicada a los jueces y fiscales con competencia penal de todas las jurisdicciones, así como a la Corte Suprema y a la Procuración General, para que de esta manera tengan a bien aplicar “de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención de la AFI”. 

¿Qué es la AFI?

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional que abarca todos los organismos que lo integran.

Funciona bajo la órbita política e institucional del Poder Ejecutivo Nacional y, oficialmente, tiene el objetivo de asesorar al Presidente y a los funcionarios de alto rango para la toma de decisiones con el fin de formular respuestas adecuadas en relación a las amenazas o riesgos que puedan afectar la seguridad exterior e interior de la Nación.

El trabajo específico de la AFI es el de la producción de inteligencia nacional y criminal referida a delitos federales graves, amparados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que suscribe Argentina.

Todas las actividades de la AFI están determinadas y limitadas por la Ley 25.520 (Ley de Inteligencia Nacional) y su modificación (Ley 27.126), la cual fue el resultado de un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo tras la muerte del fiscal federal de la Nación Alberto Nisman.

La modificación del año 2015 no sólo fue la que disolvió la Secretaría de Inteligencia y la reemplazó por la AFI sino que fue la que permitió transferirle  la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.