El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del Estado Plurinacional de Bolivia envió a la Asamblea una acusación por "genocidio" y otros delitos contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, por el presunto asesinato de manifestantes opositores en 2019.

"Se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio (...) con los fines de que pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Áñez", informó el presidente del TSJ, Ricardo Torres.

La acusación había sido presentada el pasado 20 de agosto por la Fiscalía General de Bolivia ante el máximo órgano judicial para su porterior remisión al Legislativo.

Según lo planteado por Torres, esta es la cuarta proposición acusatoria enviada al legislativo contra Áñez, quien está en prisión preventiva desde el pasado 13 de marzo.

Las anteriores se deben a la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo y la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión.

A partir de ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá decidir si se realiza o no un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.

En este sentido, es que hay que considerar que la aprobación del juicio solo es posible con el voto de dos tercios de los miembros del Congreso presentes al momento de la votación y, aunque el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales controla el cuerpo, no dispone de una mayoría suficiente.

La acusación contra Áñez surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.

El pasado 18 de agosto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe en el que totalizó un total de 22 fallecidos en ambos incidentes, que calificó como "masacres".

También hay otros dos juicios en curso contra la expresidenta, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración y el otro por presunto incumplimiento de deberes.