A pocas horas de la confirmación de que Luis Arce Catacora encabezará la fórmula presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones del próximo 3 de mayo, la Fiscalía boliviana comunicó la decisión de ampliar una investigación contra su persona. 

Luis Arce Catacora y Juan Ramón Quintana serán investigados por el caso Fondo Indígena:  “La ampliación contra Arce Catacora, entre otros, es por los delitos de contratos lesivos al Estado, legitimación de ganancias ilícitas. Son varios delitos”, afirmó la fiscal de la causa. 

Tras conocerse la noticia, el propio candidato decidió mostrarse enfocado en el llamado electoral: 

“Queremos profundizar las grandes transformaciones sociales, inclusive políticas, que nuestro Presidente Evo lo ha hecho, por supuesto. Vamos a darle continuidad a esos años en que Bolivia tenía el avance económico y social más grande de nuestro país”, precisó. 

En esta línea resaltó: “La candidatura mía básicamente refleja también a esos más de dos millones de personas que sacamos de la pobreza y hoy están en la clase media”. 

“La presidenta de facto Jeanine Áñez no maneja bien la economía, se vuelve al pasado, al reparto de empresas públicas entre grupos oligárquicos y al temor de la gente que saca su dinero de los bancos y lo convierte en dólares”, apuntó. 

No obstante, sí confirmó la falta de transparencia en los árbitros de las elecciones: “Hoy en mí país se ha conformado un nuevo Tribunal Electoral donde hay pruebas objetivas de la relación que tienen varios de los miembros con posibles y potenciales candidatos de la derecha”. 

“Ahora mismo, desde el golpe de Estado, sufrimos persecución y hostigamiento, exigimos que se cumplan la Constitución y las leyes aún vigentes porque tenemos derecho a expresarnos”, cerró al respecto. 

De esta manera y como te contamos en esta nota, queda abierto el interrogante de si efectivamente existe la posibilidad de encontrar una salida institucional tras el golpe de Estado ocurrido o si estas elecciones se presentan únicamente como el visto bueno o maquillaje hacia el sistema internacional para así dotar de legitimidad a un Gobierno de facto garante del llamado y de su transparencia.