El jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, confirmó que comenzaron a implementar medidas tendientes a bajar las expensas con la eliminación de "gastos innecesarios y redundantes" y que se impulsará un proyecto de consorcio participativo para "transparentar la administración de los edificios".

"Ayer comenzamos con dos disposiciones que dejan sin efecto el Certificado de Edificio Seguro y el libro de datos periódicos de los administradores, lo que permitirá a los vecinos que vivan en edificios ahorrar un promedio de 13 mil pesos anuales, es una reducción de trámites, controles y exigencias que son innecesarias", explicó a Télam el funcionario.

"Hoy está regulado que los tanques de agua deben controlarse cada seis meses aunque el agua este limpia, sería más fácil y económico primero controlar el estado de agua", dijo Miguel, haciendo referencia a los controles innecesarios y redundantes que están vigentes.

El objetivo del gobierno porteño es lograr las modificaciones para que los consorcistas puedan bajar hasta un 20% los gastos y ahorrar unos 100.000 pesos anuales (en un edificio tipo, de 10 pisos y dos departamentos por piso, por ejemplo).

"Las modificaciones que estaban a nuestro alcance ya las realizamos, pero hay otras que deben ser por ley", explicó.

Además, se impulsará un proyecto de consorcio participativo: Una plataforma obligatoria para los administradores a la que tendrán acceso los vecinos. 

"Esto nos permite darle mayor participación a los vecinos en el control de los administradores y de las expensas. Es una medida para transparentar la labor de los administradores y para dar respuesta a una demanda de los vecinos", explicó.

El resto de las modificaciones que irán a la Legislatura incluyen la eliminación de la obligatoriedad de construir u otorgar un departamento para el encargado y un cambio en el mantenimiento de los ascensores. 

Se buscará modificar el mantenimiento de las calderas, que se realizan actualmente cada tres meses para hacerlo según su actualidad y tecnología, y eliminar la obligatoriedad del informe público sobre fachadas.