La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPyDH del Instituto Gino Germani—UBA llevan adelante desde el año 2010 un registro de las distintas actividades de violación a los derechos humanos que se producen en las prisiones federales.

Como parte del nuevo informe publicado, los entes reflejaron denuncias por más de 5300 casos sobre los detenidos, entre los cuales se registraron 1.408 víctimas de torturas, en tan sólo 71 cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires.

Como parte del detalle, se reconocen 11 tipos de torturas y/o malos tratos que trasciende las agresiones físicas e incluye la dimensión psicológica, las condiciones estructurales, el régimen de vida y las lógicas de disciplinamiento con que las instituciones del Estado gestionan los lugares de encierro y los territorios.

Entre los factores que más destacan por el crecimiento de estas prácticas, se resalta la "expansión de las políticas punitivistas desplegadas a partir del año 2013 y profundizadas en los dos últimos años", por la que se produjo un sostenido crecimiento de la población carcelaria.

El Servicio Penitenciario Federal como en el Bonaerense, se registró un aumento de la población encarcelada de un 8,53% y 11,62% respectivamente al año 2016, y los números indican que se mantendrá para el período entrante.