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El Gobierno nacional inició procesos sancionatorios contra 15 ejecutivos y empresas acusados de realizar actividades que atentan contra la soberanía argentina en la Plataforma Continental. Las actuaciones administrativas responden a violaciones del artículo 2 de la Ley 26.659, norma que prohíbe y sanciona la exploración y extracción de petróleo o gas sin la autorización expresa del Estado.
“La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, sostuvieron desde la Oficina del Presidente a través de un comunicado oficial. En el mismo escrito remarcaron: “Cada expediente que se abre es una continuación de la convicción de que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos. Nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”.
Estas nuevas medidas se suman a los expedientes ya iniciados contra otros 45 sujetos, entre personas humanas y jurídicas involucradas en el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur. Frente a este panorama, el texto oficial concluyó: “El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”.
“Quienes operan en nuestras Islas a espaldas del gobierno argentino, tendrán que elegir entre una puesta ilegal, en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”, advirtió el presidente Javier Milei durante la cadena nacional del pasado jueves al anticipar las inhabilitaciones.
Por otra parte, la medida se dio a conocer un día después de la presentación de una denuncia penal contra cinco compañías del sector: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. La presentación judicial acusó a estas firmas de operar con licencias otorgadas de manera ilegítima por el Reino Unido para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
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