Sobre finales del mes de enero Chile transitó lo que fue su jornada más violenta de este 2020. Al menos 1 muerto, 124 detenidos y 33 policías heridos se reportaron en la noche del 29 tras lo que fueran una serie de enfrentamientos producto del atropello y asesinato a un hincha del club de fútbol Colo Colo

Con este antecedente es que febrero promedió con el temor de nuevos episodios de violencia entre los manifestantes y las fuerzas de orden, dentro de las cuales es importante resaltar que las Fuerzas Armadas ya pueden colaborar con Carabineros en “puntos críticos de servicios básicos”, sin que sea necesario un decreto o declarar un Estado de Excepción.

En la antesala al Festival de Viña del Mar, evento que convoca a figuras de la música local e internacional, las movilizaciones que la República de Chile transita desde el mes de octubre del año pasado marcaron un nuevo episodio de violencia. 

Al respecto, el ministro de Defensa, Alberto Espina, defendió la potestad de las Fuerzas Armadas de utilizar armas de fuego para repeler ataques: 

En diálogo con T13, precisó: "Si hay una agresión ilegítima, existe la necesidad racional de impedirla. Si un grupo de vándalos pretende destruir, la Armada de Chile tiene el deber de proteger, incluso usando sus armas de fuego, si se llega al extremo que lo justifique".

Las declaraciones de Espina tienen lugar dos días después de las realizadas por el general de Carabineros, Hugo Zenteno, quien advirtiera a los manifestantes que "no hablen después de derechos humanos" si "saben ejecutar con violencia las barricadas".

En esta línea es que sobre finales del mes de enero el Ministerio Público de Chile informó que mantiene 35 investigaciones abiertas por las 29 muertes ocurridas en las manifestaciones que derivaron del estallido social iniciado con mayor profundidad el 18 de octubre pasado.

Los informes, provistos y constatados por funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organización que realiza el trabajo de campo desde las manifestaciones, centros de salud y comisarías, a partir de 17 de octubre de 2019, ilustran la brutal represión y el garantismo provisto por el Gobierno de turno.

Al momento, entre otros indicadores, se puede destacar: un total de 10.365 detenidos; 3.765 heridos (445 con heridas oculares); 520 denuncias por torturas u otros tratos crueles; y otras 197 por violencia sexual. 

En sintonía con esto, la Subsecretaría del Interior informó que el gasto público en lacrimógenas utilizadas por Carabineros desde el 28 de octubre asciende a los $1.830.394.878 chilenos, considerando todas las regiones del país.