La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile declaró admisible el recurso presentado por comunidades mapuches contra la extensión por 15 días más de la militarización de dos regiones del sur del país.

El recurso "de protección" solicita al presidente Sebastián Piñera y al ministro del Interior dejar sin efecto el decreto de estado de excepción para las regiones del Bío Bío y La Araucanía emitido por el mandatario el 13 de octubre pasado.

Además, dispone que “se ordene a los recurridos buscar y canalizar el diálogo con las partes por otras vías que no signifique la afectación de derechos fundamentales, particularmente, de las comunidades mapuches en la macrozona sur”.

El Estado de Estado de Excepción Constitucional es una facultad otorgada al presidente en caso de una grave alteración del orden público, tiene una duración de 15 días corridos que pueden ser prorrogados por otros 15 días y más allá de ese plazo, se debe contar con la autorización del Congreso para una nueva prorrogación.

Mayormente lo que significa es que las zonas declaradas quedan bajo la dependencia de la Defensa Nacional y Piñera en este caso puede además restringir las libertades de circulación y de reunión mediante toques de queda.

En lo que a las últimas semanas respecta se registraron hechos de violencia que van desde la quema de camiones, de maquinaria al interior de zonas forestales y la toma de terrenos registradas en los últimos meses, que registró intercambio de disparos entre Carabineros y desconocidos, presumiblemente integrantes del pueblo mapuche.

Pero lo cierto es que la violencia en el sur, especialmente en esta zona, se arrastra hace décadas y los gobiernos democráticos electos desde 1990, tras el fin de la dictadura militar (1973-1990), han fracasado en sus intentos por frenarla a pesar de disponer de una fuerte presencia de la policía militarizada.

Según cifras del Gobierno este año ha habido 1.475 hechos de violencia rural en el territorio, lo que representa un 46% más de los que se registraron en el mismo período en 2020.

Y por fuera del restablecimiento de la democracia en los 1990, la realidad es que este conflicto forma parte de la propia historia tanto de Chile como de los mapuche que, entre otras cosas, si bien cuenta con una población indígena estimada en el 12,7% (más de 2 millones de personas), a diferencia de Argentina, Ecuador o Perú, no reconoce explícitamente la existencia de pueblos indígenas en su Constitución.