La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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El juez federal Claudio Bonadio aseguró que Néstor y Cristina Kirchner, además del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, eran los "beneficiarios finales" de la presunta asociación ilícita que habría cobrado coimas a empresarios para otorgarles obras públicas.
Por medio de un documento publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ) que también incluye fotos de los operativos y copias de las resoluciones, el magistrado sostuvo que a lo largo de la investigación ya se secuestraron unos 250 cuadros, valuados en 41,5 millones de pesos, más de 1.250.000 dólares, 235.000 euros y 6.350.000 pesos, además de otras monedas como pesos chilenos, uruguayos y reales.
Entre lo incautado en los distintos allanamientos, la Justicia también registró nueve armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos y una gran cantidad de autos y motos de diferentes marcas y modelos, en su mayoría de alta gama.
En cuanto a la metodología, para Bonadio los "recaudadores" eran el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta y su secretario privado Nelson Javier Lazarte; junto con otros funcionarios como Hernán Camilo Gomez, Fabián Ezequiel García Ramón, Rafael Enrique Llorens y Walter Fagyas.
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— CIJ (@cijudicial) 25 de agosto de 2018
"(Los entonces funcionarios) efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Centeno", detalló el juez.
En esa línea, el letrado explica que los presuntos "recaudadores" finalmente "derivaban" el dinero "a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".
A su vez, expuso que de las 26 personas que fueron detenidas, 11 recuperaron su libertad y aún hay dos prófugos con pedido de captura. Y en cuanto a los imputados, 17 declararon como arrepentidos y 15 de ellos firmaron acuerdos que fueron homologados por el juzgado y se verán beneficiados con una reducción de la eventual pena.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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