En un nuevo intento por que se apruebe la reforma laboral impulsada por el Gobierno, se enviaron tres capítulos del proyecto modificados al Congreso previamente aprobados por el sindicalismo.

A grandes rasgos, la iniciativa hace referencia al blanqueo de trabajadores informales, el establecimiento de sistemas de pasantías y la creación de una agencia de evaluación de tecnología médica.

En el primer punto, en pos de regularizar empleados en situación de informalidad, se propone eximir del pago de multas a aquellos empresarios que blanqueen a sus trabajadores y el reconocimiento por parte del Estado de los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad, asi como también se reconocerá el escalafón y la antigüedad.

En el segundo, se plantea que las pasantías sean una modalidad de capacitación y también apuntará a reconvertir oficios que están cayendo en desuso.

La tercera iniciativa es la creación de la agencia de tecnología médica que buscará reducir el nivel de litigiosidad que existe en contra de las obras sociales sindicales.

Hasta aquí la parte donde el sindicalismo dio el visto bueno. En un capítulo secundario, el Ejecutivo insiste en modificar el cálculo indemnizatorio, excluyendo "el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador".

El argumento del Ministerio de Trabajo en cuanto a esta sección del documento remitido a la Cámara baja se basa en "evitar discrecionalidad en el cálculo, en el que muchas veces se generan distorsiones e imprevisibilidad a la hora de tomar nuevos trabajadores", que ahora se establecerían "con claridad los alcances".

Desde el Gobierno se impulsa, para sustituir la indemnización, la creación de un fondo de cese laboral, que debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad, con un aporte mensual por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario más adicionales remunerativos y no remunerativos.

En diciembre pasado, el proyecto -que había sido enviado conjuntamente con la reforma previsional- fue trabado por el Bloque Justicialista del Senado, debido a la resistencia de un sector de la CGT.

Fue el dirigente camionero Pablo Moyano el que planteó la oposición más dura, al advertir que no permitirían "una nueva Banelco en el Senado", en alusión al escándalo generado con la reforma que impulsó en el año 2000 el gobierno de la Alianza.

Ante ese cuestionamiento, la bancada de senadores que preside Miguel Pichetto -cuyo respaldo es fundamental para el oficialismo- decidió bloquear el tratamiento del proyecto hasta que existiera un consenso interno en la central gremial.