Rodolfo Maguna y Liliana Gotardo estuvieron casados durante 25 años, pero los reiterados episodios de violencia de los que era víctima llevaron a la mujer a poner fin a la relación y se habían separado hacía dos meses.

Maguna, suboficial del Ejército, no le perdonó el abandono. Llegó a instalar un GPS en la camioneta de la víctima para seguir todos sus movimientos. Después planificó el crimen: contrató a dos soldados de Campo de Mayo, uno para que hiciera la inteligencia previa y el segundo para que apretara el gatillo.

La mujer fue ejectuada de cuatro disparos en octubre de 2015, cuando cerraba su negocio en San Miguel. Para la Justicia de San Martín quedó probado que fue Maguna quien mandó a matar a su ex esposa y lo condenaron a prisión perpetua. Los dos sicarios, que cobraron dinero para realizar el "trabajo", se encuentran detenidos.

Maguna llegó a pagar 50.000 pesos y les había prometido un segundo pago por la misma cantidad una vez que hubieran concretado el crimen. No llegó a realizar ese pago porque lo detuvieron antes.

El militar Maguna, además, fue acusado por la familia de su ex mujer por seguir cobrando los alquileres de las propiedades que la víctima tenía en San Miguel y en Corrientes.

La abogada de la familia de Gotardo había asegurado que a través de un poder que le otorgó a su hermana, Maguna percibe entre 40 y 50 mil pesos por mes en perjuicio de la hija del matrimonio, una joven que actualmente vive con su tía. 

Además, denunció que el ex militar usaba un teléfono celular desde la cárcel, otra irregularidad que también solicitó que fuera investigada.