El Senado convirtió anoche en ley un proyecto que impide que, durante los próximos diez años, se puedan llevar adelante desalojos judiciales de terrenos en los que se hayan levantado asentamientos precarios. La iniciativa fue aprobada por 64 votos a favor y uno en contra.

La iniciativa promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Asimismo, propone ampliar el alcance de la norma sancionada en 2018 declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios, prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda, y agilizar los procesos administrativos.

“De este modo, resguardamos de la incertidumbre a quienes se encuentran en esa situación”, aseguró el senador oficialista Guillermo Snopek.

Desde la oposición, recordaron que "esta es una política de Estado que no empezó hoy, sino en 2016 (durante el gobierno de Cambiemos) y señalaron: "Para resolver los problemas de la gente tenemos que hacerlo con la verdad y dejar de ocultar a cinco millones de pobres vulnerables con su hábitat domiciliario bajo la alfombra".

El proyecto apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.

Además, se incorpora la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano al conjunto de acciones comprendidas dentro de la “integración socio urbana”, definida en el artículo 1 de la ley 27.453.

Asimismo, se establece que los habitantes de los barrios populares que integran el Renabap tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación.

Por su parte, el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff, enfatizó que “hay cinco millones de argentinos que viven en vulnerabilidad extrema” e indicó que “esto demuestra lo lejos que se está de alcanzar un piso mínimo de dignidad”.

“El problema es cuando un problema se naturaliza. En la medida en que naturalicemos eso, el lugar de nacimiento condiciona la potencialidad de las personas”, insistió.

Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho.

También se declara la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana por el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de la presente norma.

Por último, se establece que al menos el 75% de los fondos del fideicomiso deberán destinarse a la urbanización e integración socio urbana de los asentamientos y Barrios Populares; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.