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El Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM) envió una carta documento al canciller Pablo Quirno para exigir medidas inmediatas ante la apertura de una nueva vía marítima entre Punta Arenas (Chile) y el archipiélago. La iniciativa fue confirmada por el intendente chileno Claudio Radonich, quien anunció el inicio de las operaciones para el próximo mes de noviembre.
La presentación fundamentó el reclamo en la Ley 26.659 y en el Decreto 868/2026, normativa que otorga al Ministerio de Relaciones Exteriores la competencia para sancionar actividades no autorizadas en la plataforma continental. En ese marco, la entidad solicitó instruir a la Embajada argentina en Chile a presentar una protesta formal ante el gobierno de ese país y realizar una manifestación diplomática ante el Reino Unido.
El escrito requirió la apertura de expedientes sancionatorios contra las firmas Easter Island Naviera, Easter Island Logistics y Falkland Islands Development Corporation. Asimismo, los excombatientes demandaron prohibir el uso de puertos nacionales para el abastecimiento de la cadena logística e informar a las autoridades reguladoras bursátiles sobre las contingencias legales de las empresas intervinientes.
A las exigencias se sumó la obligación de requerir a los buques con destino a Malvinas el cumplimiento del Decreto 256/2010 y la cancelación de los permisos correspondientes. En paralelo, la organización instó a la Cancillería a presentar la denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité de Descolonización, la CELAC y el MERCOSUR.
El CECIM otorgó a Quirno un plazo de 72 horas para activar los procedimientos requeridos en la intimación. Según argumentó la agrupación, la puesta en marcha de estas herramientas de protección soberana constituye un deber legal ineludible del Estado y no una decisión de carácter facultativo.
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