Con un fuerte apoyo del Gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, la Legislatura de la ciudad aprobó la ley de prestación de servicios esenciales sobre el transporte público con una fuerte crítica sobre lo ocurrido en la última semana.

La nueva norma explicita que ante una situación de conflicto gremial entre los trabajadores de las empresas de transporte, las mismas deberán proveer de una flota y personal básico para no interrumpir el servicio en su totalidad.

El principal eje de la ley responde al conflicto que se generó entre las cuatro empresas de colectivos de Córdoba Capital respecto a las paritarias provinciales, y que culminó con la intervención de la UTA cordobesa y también con la presencia del titular gremialista, Rubén "Pollo" Sobrero.

Durante 10 días, todas las líneas de colectivo no prestaron servicio por decisión de los choferes, lo que afectó a más de medio millón de personas por día en las primeras jornadas del mes de junio. Además, las empresas presentaron despidos que están en mantenimiento.

La ley no sólo explica que se deberá prestar servicio limitado mínimo, sino que también se deberán avisar con cinco días de anticipación al Ministerio de Trabajo de la Provincia si se realizará una medida de fuerza, para que se adopten los recaudos necesarios.  

Entre otros de los principales puntos, se informó que todos aquellos los que infrinjan la ley, "obstaculicen, alteren o suspendan la prestación de servicios públicos o esenciales", sufrirán un arresto de tres días.